GOBIERNO QUERÍA GARANTÍA
Para quejarse de la suspensión del segundo piso del bulevar, que ordenó la juez Margarita Quiñónez, los del equipo del gobernador David Monreal cuestionaron el interés de cuatro ciudadanos que promovieron el juicio de amparo contra la obra. Alegaron, por ejemplo, que uno de ellos tenía residencia en Río Grande, lejos del bulevar metropolitano. Y como se trata de una obra de casi 3 mil 700 millones de pesos, consideraron que la jueza debió requerir a los quejosos que exhibieran ¡una garantía!, por los perjuicios generados y si la resolución no les es favorable. Hasta ahora, nada de la falta de permisos. En esas vamos, mientras las lenguas viperinas advierten que el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, podría meterse en broncas de violencia política de género por sus declaraciones contra la jueza dichas el 19, sí, de marzo.
CONTRATOS Y RECLAMOS
Según el contrato plurianual del segundo piso, que firmó el secretario José Luis de la Peña, en caso de suspensión de los trabajos, como ya ocurrió, se recorre el plazo de ejecución. Pero si no se tiene certeza del reinicio de labores, el contrato se puede terminar anticipadamente y el gobierno “pagará actividades concluidas, así como gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables”. En cuanto a las pérdidas actuales, el titular de Obras Públicas presume que “la empresa [Grupo Hycsa] está en muy buena disposición” de no hacer reclamo. A ver si de esa declaración no se arrepiente también, como lo hizo después de soltar de sopetón el costo de 4 millones de pesos diarios por la suspensión de la obra. “No creo que sea así, lo vamos a verificar”, corrigió a destiempo el secretario Rodrigo Reyes. Y sí, son compañeros de gabinete, aunque usted no lo crea.
MATEMÁTICAS DEL BIENESTAR
En el intento de aclarar “lo que el secretario quiso decir” (Rodrigo Reyes dixit), el propio José Luis De la Peña reveló el análisis que hizo el gobierno del estado para llegar a tal cantidad de pérdidas. “Es muy sencillo”, explica detalladamente el titular de Obras Públicas: el segundo piso costará 3 mil 652 millones de pesos en total, se programó en 807 días naturales “y si hacemos la operación aritmética (una división)” pues nos da no 4, sino 4.5 millones de pesos de costo diario. Pero que siempre no es “daño al erario”, como dijo horas antes, sino dinero que “se deja de ejercer”. No se sorprenda si luego viene la explicación de la explicación, o sea: esta historia continuará.
SE ALBOROTAN EN LA UAZ
Apenas trabajan en el padrón preliminar para las elecciones en la UAZ y ya hay alboroto. Algunos académicos dicen que está rasurado e incluye docentes que ya fallecieron. Lo que más les hace ruido es que se maneja una matrícula de 36 mil estudiantes, cuando estiman que la cifra debe de andar por los 40 mil, aunque el equipo del rector Rubén Ibarra advirtió que por la huelga perdieron alumnos. También hay reclamos porque Chuy Trejo, de la comisión electoral, quiere que la elección a rector sea el 21 de mayo, cuando el reglamento indica que tiene que ser el segundo miércoles de ese mes, es decir, el día 14. El plan es publicar la convocatoria para el 7 de abril.
LE CONCEDEN CANDIDATURA
Luego de un juicio que llevó el TRIJEZ, José Luis Hernández Ugalde logró ser incluido como candidato a magistrado al Tribunal de Disciplina Judicial, en la lista de postulaciones del Poder Judicial. En el Legislativo, el jurídico José Luis de Ávila está respondiendo a un par de juicios, también de abogados que reclaman haber sido sacados de la jugada sin fundamentos. Por otra parte es muy claro que a otros, como parientes de integrantes de los comités de evaluación, no les costó tanto trabajo lograr la candidatura.
SIN SOLAPAR
Las lenguas bífidas dicen que una prima del regidor de Miguel Auza, Genaro de la Cruz, está implicada en un supuesto desvío de recursos de la oficina de Catastro. Pero el regidor Genaro asegura que, así sea responsable algún familiar, no se deben de tolerar esas corruptelas y exige que se investigue y se aclare ese presunto desvío, del que el alcalde Arturo Calderón no quisiera que se hablara.
Un dolido Carlos Acevedo, a quien le invalidaron su candidatura al SUTSEMOP, fue a solicitar impugnar la resolución, pues asegura que le violentaron y le destrozaron sus derechos. “Como siempre lo he hecho, de defenderme, no será la excepción”, advierte.