CIUDAD DE MÉXICO. A un par de días de que probablemente quede extinto, trabajadores del INAI exigieron a los comisionados información respecto de si serán liquidados y cuál será su futuro laboral.
Los empleados se manifestaron durante la sesión que este martes encabezaron los comisionados, en la cual, originalmente, no había sido listado el tema de la terminación laboral de los empleados.
Sin embargo, al inicio de la sesión, el comisionado presidente, Adrián Alcalá, propuso la inclusión de un acuerdo general para otorgar a los trabajadores una compensación económica, lo que fue recibido con aplausos por algunos de los inconformes presentes en la sala del pleno.
En diciembre pasado, el Congreso aprobó una reforma constitucional que desaparece el INAI y transfiere la mayoría de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Conforme a uno de los artículos transitorios, el Congreso tiene hasta el próximo jueves para aprobar una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a lnformación Pública y con ello se concretaría la extinción del INAI.
También, en uno de los artículos transitorios se estableció que serían respetados los derechos laborales de los trabajadores y que los recursos humanos y materiales del órgano garante serán transferidos a la Secretaría Anticorrupción.
Minutos antes de que iniciara la sesión, los trabajadores encararon a los comisionados y los acusaron de haberse negado a disponer recursos para el otorgamiento de la compensación económica.
Alcalá sostuvo ante los inconformes que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de este año, no dispuso de recursos para que el INAI pague liquidaciones al personal.
Sin embargo, durante la sesión del Pleno, de último momento, propuso la votación el acuerdo, el cual prevé una compensación de 90 días de salario bruto más 20 días por año trabajado para todo el personal.
Alcalá dijo que sólo tendrán acceso a la compensación económica aquellos que decidan renunciar al Instituto, debido a que el órgano garante no puede despedirlos ni liquidarlos, pues la reforma establece que deberán ser transferidos a la Secretaría Anticorrupción.
«Se propone que sea una incorporación voluntaria y personal por parte de las personas trabajadoras que decidan concluir su relación laboral con el Instituto», señaló.
Cuando parecía que el acuerdo sería votado por unanimidad, la comisionada Norma Julieta del Río dijo que estaba en contra de que nueve funcionarios del INAI, quienes en su momento se ampararon contra la Ley de Austeridad Republicana para conservar su salario, sean beneficiados con esta compensación.
Los comisionados pidieron que las directoras de administración y finanzas presentaran un informe sobre las mesas de trabajo que se han tenido con la Secretaría Anticorrupción, quienes dijeron que no existe ninguna definición por parte de la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro.
Ante la falta de consenso para votar el acuerdo, los comisionados acordaron un receso para analizar la propuesta.