Zacatecas.- La jueza tercera de Distrito en el Estado de Zacatecas del Poder Judicial Federal (PJF), Margarita Quiñónez Hernández, concedió la suspensión provisional de la obra del segundo piso del bulevar metropolitano, por no tener los permisos ni los requisitos requeridos. Sin embargo, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) argumentó que no ha recibido la notificación.
El abogado Jorge Rada Luévano explicó que en el juzgado se valoró la protección al Patrimonio Cultural de la Humanidad, ante los señalamientos de que la obra del viaducto elevado podría afectar esta distinción.
“La jueza consideró que es de interés público proteger esta distinción, este nombramiento que tiene el estado de Zacatecas, y por tanto, bajo esos argumentos concede la suspensión hasta en tanto no acrediten tener esos permisos y autorizaciones ante las autoridades competentes, en este caso el ayuntamiento de la capital”, enfatizó.
El abogado recordó que la propia administración municipal reportó que la obra inició sin tener las autorizaciones correspondientes, “por tanto ha generado impacto muy evidente, tanto de movilidad, de características urbanas y patrimoniales, incluso los económicos porque hay una afectación a todos los comerciantes de la zona”.
Estos argumentos, dijo, fueron expresados en el juicio de amparo, por lo que se determinó otorgar la suspensión provisional de los trabajos.
Rada Luévano mencionó que entre los trámites no atendidos para la obra se incluyen la licencia de construcción, estudios referentes al impacto ambiental y de cambio de uso de suelo, “son autorizaciones que al parecer no cuentan con ello”.
También se requiere un estudio de impacto económico, sobre los comerciantes que resultarían afectados y las acciones para atenderlos.
El abogado advirtió que si el gobierno del estado reconoce que no tiene las autorizaciones, se determinará la suspensión de la obra hasta que no se acrediten los requerimientos, “en caso de que las tengan inmediatamente el juez va a ordenar el levantamiento de las medidas”.
De continuar los trabajos del proyecto, agregó, se trataría de un desacato que implicaría consecuencias legales.
SOP, SIN NOTIFICACIÓN
NTR Medios de Comunicación buscó a la Secretaría de Obras Públicas (SOP) para conocer la postura del gobierno del estado sobre la suspensión de los trabajos, pero el titular de la dependencia, José Luis de la Peña Alonso, expuso que no fue notificado.
Según Rada Luévano, la suspensión comienza a partir de la notificación, en lo que aseguró que se mantendrán vigilantes.
También adelantó que tendrá que celebrarse una audiencia una vez que el gobierno del estado y el ayuntamiento de la capital, autoridades responsables, hayan entregado informes justificados, para que se valoren las acciones realizadas en el caso. Si estos informes no se presentan en tiempo y forma, se diferirá la audiencia “y eso alargará aún más el juicio de amparo”.
Alcalde celebra suspensión
El alcalde de la capital, Miguel Varela Pinedo, celebró que la jueza tercera de distrito del PJF concediera la suspensión provisional de la obra del viaducto elevado del bulevar, luego de una solicitud de amparo que interpuso el abogado Jorge Rada Luévano.
Respecto a dicha disposición, que requiere de un informe justificado, tanto de gobierno del estado como del ayuntamiento capitalino, el edil dijo que hasta el momento no fueron notificados.
Estimó que pudiera recibirse en las próximas 48 horas y anticipó: “tenemos que responder y ya de manera directa el Municipio hará una segunda actuación”.
Por lo pronto, consideró que “es un buen avance la labor que hizo el licenciado Rada, directamente él como abogado y obviamente respaldando también a sectores de la sociedad”, expuso el alcalde panista.
Aseguró que por parte del ayuntamiento no son omisos respecto a observaciones a la obra del viaducto, pues fueron los primeros en hacerlo e iniciar un proceso jurídico contra el proyecto.
Sin embargo, Varela Pinedo alegó que cuando se trata de procesos interpuestos por autoridades, como el caso del ayuntamiento, “muchas de las veces los juzgados federales, lo ven más como un conflicto político que como un tema social, y cuando lo hace la sociedad y la ciudadanía, los juzgados actúan con mayor avance y certeza”.
Por ello, insistió en que no es lo mismo una solicitud de amparo interpuesta por una alcaldía, que por un despacho particular y refirió que en el caso del viaducto elevado, la capital y el abogado Rada presentaron argumentos similares.