¿Por qué estamos como estamos? 2
En la pasada colaboración le decía, en aras de explicar por qué estamos como estamos, que hay problemáticas estructurales que van limitando la funcionalidad y eficiencia de los gobiernos, particularmente de los municipios: una “problemática estructural” entendámosla entonces como una serie de dificultades que se van presentando en el funcionamiento del ente público -gobierno municipal- derivado de malas decisiones, aunado a que elementos de esa administración no estaban lo suficientemente preparados para la responsabilidad y, por si fuera poco, existió poco o nulo trabajo de revisión puntual o fiscalización a diferentes trabajos que realizaba”.
Lo anterior tiene que ver, entre otras cosas, con dos grandes factores: el paso del tiempo -en algunos casos son muchísimos años de malos gobiernos- y la impunidad político-administrativa, es decir, la permisibilidad en manejos administrativos deficientes derivado de vacíos legales, o bien, solapados por expresiones político-partidistas. La conjunción de esos elementos lleva a que, en términos llanos, “el árbol se tuerza”.
Por otro lado, también le decía que “El diseño que tenemos de la organización y funcionamiento de los ayuntamientos en nuestro país, en el contexto de la república democrática que somos, permitió que haya alternancia electoral y renovación sistemática de los responsables de las decisiones de gobierno en las presidencias municipales, lo cual, entre otras cosas, ha generado una falta de profesionalización y desarrollo de capacidades (lo que se hace a través del tiempo) en diferentes espacios públicos.
Una consecuencia de ello es la actuación con ignorancia, limitaciones, dolo, improvisación y demás (características) que, poco a poco, va menoscabando la capacidad de atención y respuesta del gobierno municipal, pues hay decisiones que se ejecutan mal y, consecuentemente, provocan errores que son costosísimos en términos, por ejemplo, financieros”.
Uno de esos ejemplos dramáticos tiene que ver con la incapacidad de pago o nula solvencia financiera de organismos públicos.
Una referencia lógica -de varias- para entender la situación de los municipios en este sentido es muy simple: imagínese usted que le dan una tarjeta de crédito que puede usar para determinadas compras, pero independientemente del límite de dinero que le pone la tarjeta, usted rebasa su propio límite (que es menor al que le da el instrumento crediticio), ¿me explico?
Dicho de otra forma, usted tiene una línea de crédito “propia” de la que abusa. Pronto se verá con insolvencia por haber adquirido cosas (compras) que rebasaron su capacidad (límite de crédito).
Una razón de ello es que la fiscalización a los entes públicos es, por decir lo menos, mala. Si bien en las últimas décadas se trató de avanzar mucho en la generación de normatividad y establecimiento de procesos para que los entes públicos se apegaran a buenas prácticas, aún hay mucho por hacer y la incapacidad, complacencia o complicidad de entes fiscalizadores ha permitido abusos que hoy en día los ciudadanos seguimos pagando.
Tenga presente, estimada persona lectora de esta colaboración que fiscalizar se refiere al “proceso de revisar, auditar y vigilar a detalle la congruencia entre los objetivos planteados y las metas alcanzadas en materia de contabilidad, finanzas, presupuesto, avances y beneficios económicos, adecuación programática y endeudamiento en cada uno de los entes de la administración pública y los Poderes de la Unión, en cada ejercicio fiscal. Implica controlar las actividades del Estado para confirmar que se ajusten a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad” (SIL, Secretaría de Gobernación).
Conocer, analizar y evaluar los resultados dados a conocer por los entes públicos de su gestión (financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática) conforme a las disposiciones aplicables y con ello verificar el apego a los criterios señalados por la norma no es un trabajo fácil ni rápido.
Lamentablemente no se ha hecho uso de elementos tecnológicos que permitan una mayor y mejor fiscalización, pero antes que eso, pensemos en dos cosas realmente “estructurales”:
Primero, ¿por qué debe haber tanto trabajo de fiscalización? ¿No se supondría que, en teoría, los funcionarios públicos deben estar capacitados para apegarse a la normatividad administrativa y siempre vigilar el uso correcto de los recursos públicos?
Y en segundo lugar, ¿no se supondría que en área de auditoría superior, órganos internos de control, dependencias de función pública y demás, existen funcionarios con mucha claridad respecto de los alcances de la normatividad administrativa que trabajan incansablemente en acciones de prevención, para evitar que el funcionario público se equivoque?
El día que entendamos que ni el funcionario responde a la esencia del manejo responsable de recursos y, por otro lado, las áreas gubernamentales responsables de la fiscalización se conducen con opacidad política y carecen de imparcialidad u objetividad, comprenderemos una parte importante de por qué estamos como estamos.
*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, UNAM
alfonsodelrealzac@outlook.com
Facebook: PonchoDelReal