ZACATECAS. El Movimiento Feminista de Zacatecas advirtió la amenaza de que se repetirán los hechos de represión registrados durante la marcha del 8 de marzo de 2024, en reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el seguimiento de la recomendación 272/2024; sin embargo, destacaron que no desistirán al derecho a la manifestación.
Durante la primera sesión de trabajo, Emilia Pesci Martínez, integrante del Movimiento Feminista, argumentó que “no existe una garantía de no repetición”, esto tras las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, a medios de comunicación “cuando dice que en la movilización del 8 de marzo vamos a estar ahí y vamos actuar si se nos ataca”.
“No existe una garantía de no repetición, y no solamente eso, sino que hay una amenaza de que ellos leen cualquier indicio de amenaza que esto puede ser una mirada desagradable porque hay víctimas directas de los hechos de ese día que lo único que estaban haciendo era participar en una movilización, las compañeras corren riesgo”, insistió.
Ante el temor, solicitó una manifestación pública tanto de la CNDH y de las instituciones correspondientes para que, haciendo uso del derecho de publicidad, se difunda en redes sociales y medios pertinentes la recomendación para que se abstengan de estos actos.
“Porque no vamos a renunciar a nuestro derecho a la manifestación, de ninguna manera estamos dispuestos a ceder ese derecho que están tratando de arrebatarnos, pero también decir que no por eso estamos aceptando que un hecho de esta naturaleza se repita”.
Sin defensa
La activista María Luisa Sosa de la Torre expuso a las autoridades federales que durante el proceso legal “nos hemos tenido que defender de las autoridades que tienen que defendernos”, al señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) es el mecanismo de defensa; sin embargo, lamentó que no lo ha hecho.
Argumentó que solicitaron la aplicación del protocolo de Estambul, el cual es un manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, lo cual fue negado por las autoridades.
Aunado a ello, reclamó que también hubo el intento de judicializar la carpeta de una de las víctimas bajo el delito de lesiones y uso excesivo de la fuerza donde se permiten salidas alternas, por lo que se solicitó que no se realizara, y ante la negativa interpusieron un amparo, el cual procedió y se obtuvo una suspensión provisional.
Medida 33
De igual forma, Sosa de la Torre explicó que ante los hechos de represión del 8 de marzo, solicitaron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la aplicación de la medida 33.
Esta disposición se considera en la Alerta por Violencia de Género en Zacatecas como una medida correctiva para prevenir, atender y garantizar acceso a la justicia, reparación del daño y no repetición para las víctimas de los hechos registrados durante la marcha.
Detalló que la medida fue dictada en junio de 2024, con temporalidad de seis meses. La activista reprochó que no se tiene información de las autoridades sobre la recomendación, “pero sí intentos de taparle el ojo al macho o simular”.
Omisión de la CNDH
La feminista Mara Muñoz Galván reclamó que hubo una omisión por parte de la CNDH al no considerar los hechos como tortura: “no se ahonda por parte de la recomendación un precedente fundamental, no solo para colocar los hechos al nivel histórico que le corresponden, sino que pudo haber servido como un elemento esencial para la denuncia ante la FGJE”.
Asimismo, señaló que en la recomendación no se analiza la participación por acción u omisión por parte del gobernador David Monreal Ávila, ni del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, ni el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral.
“Esto es muy importante, es una omisión fundamental porque al final de cuenta la recomendación lo que nos deja ver es que se menciona como responsables a personas de policías de mando menores o mandos medios y no a quienes encabezan estas instituciones que por acción u omisión tienen responsabilidad en los hechos”.
En este sentido, reconoció que “esperábamos más de la CNDH”, como un cumplimiento que tiene la institución.
Llamó a establecer una estrategia como observadores con la Segob y la CNDH para acompañar el proceso y hacerlo de manera puntual. “¿De qué manera podemos lograr que no sean actos de simulación?”, cuestionó.
“Somos aliados”
En respuesta ante la exposición del Movimiento Feminista, César Eduardo Medel García, director de seguimiento de recomendaciones de la CNDH, aseguró que no se dará por cumplimentado ningún punto de la recomendación, “sin que realmente exista un cumplimiento cabal”.
Aseguró que ya entablaron un acercamiento con las afectadas reconocidas en la recomendación, con la finalidad de realizar los procedimientos de la Ley General de Víctimas, para que puedan llevar a cabo la compensación y los apoyos considerados.
“La recomendación va comenzando, por favor tengan la confianza de la CNDH, somos aliados”, aseguró.
Froylán Enciso Higuera, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, expuso que se creó un protocolo modelo para la atención del derecho a la protesta social en todo el país, el cual ya fue entregado a las autoridades locales.
“Nos han dicho que está en proceso de evaluación y adaptación a la realidad local y ese acompañamiento se está brindando de manera proactiva”.
Respecto a la medida 33, el funcionario explicó que este tema no se encuentra dentro de sus funciones; sin embargo, se comprometió a vincularlas con la Secretaría de las Mujeres a nivel federal para abordarlo.
Para el acompañamiento durante la marcha del 8 de marzo no hubo certeza por parte de las autoridades federales, debido a que esto tendría que ser consultado con el gobierno de México. “Me inclino a decir que sí podemos acudir con ustedes ese día como observadores […] este acompañamiento es posible, solo tengo que plantearlo en la Ciudad de México”, respondió Enciso.
Además, se dio a conocer que durante la visita, las autoridades también se reunieron con representantes del gobierno del estado y del ayuntamiento de la capital, como responsables de esta recomendación, para que en un primer paso se acepte y se colabore para su cumplimiento.
Inician seguimiento a recomendación por 8M
SAÚL ORTEGA
Mediante un boletín de prensa se dio a conocer que inició el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitidas en torno a los hechos de represión contra la marcha del 8 de marzo de 2024, “las cuales presentan un avance sustancial; acordaron rutas de trabajo para la revisión de los protocolos de actuación”.
Sin embargo, no existen precisiones con respecto si fue reparado integralmente el daño causado a las 15 mujeres y garantizada la atención médica, psicológica o psiquiátrica que requieran luego de la agresión de la que fueron víctimas.
Tampoco es tomado en consideración el exhorto al personal policiaco que participó en la represión contra las manifestantes que participaron en la conmemoración al Día Internacional de la Mujer, para evitar difundir y tergiversar las imágenes relacionadas con la marcha.
A lo largo del texto no hay información con respecto a que se debe “ofrecer una disculpa institucional” por parte de las autoridades relacionadas con el tema, como es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y que forma parte de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
ACCIONES
En el encuentro, en el que estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, y el fiscal de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, recordó las acciones que la administración estatal ha emprendido para atender las recomendaciones emitidas por la CNDH y garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de los zacatecanos.
En el comunicado se expone que “las autoridades estatales y federales acordaron fortalecer la coordinación interinstitucional, los protocolos de derechos humanos con perspectiva de género”.
Agrega que proveerán a la SSP y al ayuntamiento capitalino “de materiales, programas de capacitación o personal especializado en temas de derechos humanos, perspectiva de género y manejo de manifestaciones pacíficas”.
Otras acciones que tomarán son: “coordinar esfuerzos para la promoción de buenas prácticas y de una cultura de paz, por medio de campañas que refuercen el derecho a la protesta y la manifestación pacífica”.
Sin embargo, no hay mención alguna respecto a que la SSP “tendrá que difundir en los periódicos de tiraje local un comunicado en el que se solicite la colaboración de la población para no estereotipar o estigmatizar a las personas que participan en las manifestaciones del 8M”.
Solo hace mención que en dicho encuentro fueron establecidos compromisos en materia de derechos humanos en diferentes foros como la tercera sesión de la Agenda Nacional de Coordinación en Derechos Humanos.
En dicho foro se abordaron temas relacionados con el protocolo de atención a la protesta pacífica y el decálogo por la libertad y la paz en la protesta social.