CIUDAD DE MÉXICO. Las políticas implementadas en la última década sobre la minería en el País, incluyendo las cargas fiscales que se añadieron este año, han llevado a que esta industria se quede muy lejos de las inversiones que realizaba antes de 2014 y a que su panorama pinte cada vez peor.
En 2014, el Gobierno de Enrique Peña Nieto impuso un derecho de 7.5 por ciento sobre las ganancias de las empresas mineras, mismo que para 2025 la Administración de Claudia Sheinbaum elevó a 8.5 por ciento.
Asimismo, el derecho adicional para empresas productoras de metales preciosos, conocido como extraordinario, se duplicó, de 0.5 por ciento en ese entonces a 1.0 por ciento para el presente año.
De manera adicional, en 2023, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se aprobaron cambios a la Ley Minera que limitaron la exploración al Servicio Geológico Mexicano, instancia que no cuenta con capacidad técnica ni financiera para ello.
De este modo, a las empresas mineras se les impide en la nueva regulación realizar estas actividades esenciales para la planeación de sus operaciones actuales y para su prospectiva a futuro.
En dicha reforma legal se impuso una reducción de 20 por ciento en la duración de las concesiones mineras, lo que representa también un gran desincentivo para una industria que requiere certeza, dadas las grandes cantidades de dinero que exige invertir y los largos tiempos para ver retornos.
«La fuerte carga tributaria y la falta de estímulos fiscales han hecho de México un destino caro para invertir en minería y han restado competitividad a las empresas establecidas en el País frente a las de otros países mineros», acusaron empresarios de la industria.
«A ello se agrega una regulación poco expedita, discrecional y con una fuerte carga ideológica, que han generado incertidumbre jurídica y han frenado el crecimiento de la industria e impedido que el País desarrolle su alto potencial en ese rubro».
Un estudio realizado por PwC expone que la carga tributaria total para una empresa minera en México ascendía a 38.76 por ciento antes de la regalía impuesta en 2014, pero con los nuevos derechos superaría el 51 por ciento, mientras que en otros países con industrias mineras desarrolladas esta carga oscilaba en 43.80 por ciento.
«Es claro el efecto adverso de las condiciones fiscales y regulatorias adversas. La industria minera en México emplea de forma directa a más de 420 mil personas y genera más de 2.6 millones de empleos indirectos», expresó un empresario minero.