FRESNILLO. El Ayuntamiento de Fresnillo enfrentará un escenario complicado por la cancelación de cinco obras públicas presupuestadas por la administración anterior y reasignadas por el nuevo gobierno municipal, lo que podría derivar en denuncias legales por parte de las empresas contratistas, reconoció Héctor Adrián Menchaca Medrano, titular del Órgano Interno de Control (OIC) local.
Explicó que la determinación del gobierno actual de rescindir los contratos fue solicitada por el secretario de Desarrollo Social municipal, Fidel Alvarado de la Torre.
Sin embargo, enfatizó que hasta el momento el OIC local no ha recibido notificaciones oficiales sobre este procedimiento. Es así que “las empresas afectadas tienen la facultad legal de demandar al ayuntamiento para exigir explicaciones y pagos pendientes por trabajos ejecutados”.
EMPRESAS CUMPLEN CON ESTÁNDARES
El contralor local refirió que “al día de hoy, en las construcciones que he revisado, a solicitud de las secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Social municipales, no he encontrado irregularidades que ameriten rescindir [el contrato], solo hemos identificado detalles como cuarteaduras, falta de equipos o diferencias en marcas, pero nada grave”.
Señaló que un laboratorio externo, contratado por la Secretaría de Desarrollo Social de Fresnillo, realizó pruebas para corroborar que las obras cumplieran con las especificaciones técnicas. Además, “los constructores suelen incluir estos estudios en sus documentos”.
Hasta la fecha, precisó, se han inspeccionado siete obras terminadas, incluyendo calles, domos, escuelas y sistemas de drenaje; y recientemente se recibieron solicitudes para revisar otras ocho.
“Todas las obras tienen sus garantías vigentes, ya que fueron ejecutadas entre tres y cinco meses atrás, durante 2024”, explicó Menchaca Medrano.
Por ello aclaró que, en caso de cancelación de contratos, las empresas tienen el derecho de reclamar. “Los constructores buscarán primero una explicación y, por supuesto, exigirán el pago por los trabajos realizados. Es su derecho legal”.
Es así que reiteró su compromiso de laborar de manera transparente para resolver cualquier conflicto que pueda surgir entre las empresas y el ayuntamiento.