CIUDAD DE MÉXICO. El Infonavit acusó supuestas corruptelas de abogados por «juicios masivos» contra 302 mil derechohabientes que fueron demandados en un estado distinto al que residían, incluidas personas que no tenían problemas de pagos hipotecarios.
Octavio Romero, titular de la dependencia, explicó que la estrategia de los despachos comenzó en 2012, a raíz de créditos impagables que aumentaban año con año y por casas que estaban deshabitadas, abandonadas o vandalizadas.
«El hecho de que estos créditos que ya tienen muchos años que se empezaron a dar y que se suspendieron en la Administración del Presidente López Obrador, con esta característica que los convertían en impagables trajo como consecuencia que muchos cayeran en cartera vencida.
«Y al caer en cartera vencida, dentro del Infonavit, quienes venían tomando las decisiones, la Asamblea General, el Consejo de Administración, la propia Administración del Infonavit, en lugar de buscar la solución a esa cartera vencida que, evidentemente, era derivada de un cobro excesivo, o más allá de lo racional y de lo legal, lo que se les ocurrió fue hacer demandas por el hecho de que no podían pagar estos derechohabientes», explicó.
«Eso lleva a que en el Infonavit se tome una decisión de judicializar, de demandar a quienes no podían pagar por este cobro excesivo que convertía los créditos en impagables, entonces, la estrategia fue hacer demandas, pero de una manera poco ética, yo diría que incluso ilegal porque estas denuncias se hicieron de forma masiva, lo que le llamamos juicios masivos, esto se empezó a combatir, inició, en la Administración del Presidente López Obrador», dijo.
Romero dijo que los despachos no notificaban a los demandados, es decir, se trató de denuncias discrecionales.
«En 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos, a través de despachos, los cuales cometieron irregularidades porque no se notificaba a los acreditados, se incluyeron acreditados que no tenían problemas de pago, como se hizo masivo y casi fue discrecional lo que hicieron los despachos, incluyeron gente que no tenía problemas
«Y por ejemplo, un derechohabiente que tenía una vivienda en el Estado de México, lo demandaban en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse, porque nunca recibía la notificación», insistió.
El ex director de Pemex dijo que AMLO pidió al pidió al Consejo de Administración del Infonavit desistirse de los juicios masivos y detener el desalojo de familias.
Por ello se presentó una denuncia penal en 2020 en Nayarit contra despachos de abogados, funcionarios del Poder Judicial federal y local y contra notarios porque se afectaron 62 mil acreditados de todo el País.
Sin embargo, al realizar una revisión a nivel nacional por sospechar del caso Nayarit, detectaron que 373 mil derechohabientes habían sido afectados por juicios masivos similares y el 80%, es decir 302 mil acreditados fueron demandados en otros estados.
«El resto, esto es 71 mil, fueron demandados dentro de la misma entidad en la que se encontraba su vivienda», se leyó en una presentación.
En todos los casos, se presentaron las siguientes irregularidades:
-No fueron notificados personalmente en sus domicilios.
-Se vulneró el debido proceso ya que no tuvieron conocimiento de que estaban siendo enjuiciados.
-Al no tener conocimiento del juicio el acreditado, el proceso se aceleró al no haber defensa.
-Ni en el Comité de Auditoría, ni en la Comisión de Vigilancia, los Consejeros realizaron acción alguna.
Rolando Herrera
Agencia Reforma