Capacidad jurídica de las personas con discapacidad
La capacidad jurídica es uno de los conceptos fundamentales en el ámbito del Derecho, ya que determina la aptitud de una persona para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí misma; sin embargo, para las personas con discapacidad, la capacidad jurídica fue históricamente un tema de debate y controversia, ya que tradicionalmente se les considera como incapaces de tomar decisiones por sí mismas.
La capacidad jurídica se refiere a la aptitud de una persona para ser titular de derechos y deberes, así como para ejercerlos por sí misma.
En términos legales, la capacidad jurídica se divide en dos aspectos: la capacidad de goce o de ser titular de derechos y la capacidad de ejercicio o de ejercer esos derechos.
En el caso de las personas con discapacidad, se cuestiona su capacidad de ejercicio debido a estereotipos y prejuicios que han llevado a considerarlas como incapaces de tomar decisiones por sí mismas.
Los retos y desafíos de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica a menudo es la falta de acceso a la información y a la educación, lo que dificulta su capacidad para comprender sus derechos y obligaciones, así como la falta de apoyo y de recursos adecuados que puede limitar su autonomía y su capacidad para tomar decisiones por sí mismas.
Otro desafío importante es la discriminación y el estigma social que aún persisten en relación con las personas con discapacidad, lo que puede llevar a la negación de su capacidad jurídica y a la vulneración de sus derechos; en muchos casos, las personas con discapacidad son sometidas a tutelas o curatelas que restringen su autonomía y su capacidad de decisión, lo que constituye una violación de sus derechos fundamentales.
Para promover la capacidad jurídica de las personas con discapacidad es fundamental adoptar un enfoque basado en los Derechos Humanos y la inclusión social. Esto implica reconocer que todas las personas, independientemente de su condición, tienen capacidad para ejercer sus derechos y tomar decisiones por sí mismas.
En este sentido, es importante garantizar el acceso a la información, la educación y los servicios de apoyo necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás.
Asimismo, es crucial promover la autonomía y la autodeterminación de las personas con discapacidad, respetando su voluntad y sus preferencias en todas las decisiones que les concierne.
Para ello, es necesario fomentar la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que afecten su vida y bienestar, así como garantizar su acceso a mecanismos de apoyo y de salvaguarda de sus derechos.
TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS.
*Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ)