CIUDAD DE MÉXICO. Un día antes de que votara en favor de la reforma judicial, la Fiscalía de Veracruz se desistió de la orden de aprehensión contra el ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez, argumentando que 11 testigos y una sentencia electoral confirmaban que no falsificó su constancia de residencia para contender por la Alcaldía del Puerto.
El 9 de septiembre pasado la Fiscalía solicitó una audiencia privada a Óscar Luis Lozada Hernández, Juez de control del Décimo Primer Distrito Judicial en Pacho Viejo, para retirar la acción penal, porque dijo que había obtenido «nuevos datos de prueba» que descartaban los delitos.
De acuerdo con documentos judiciales, esas pruebas «novedosas» eran la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz, que en 2021 le quitó a Yunes la candidatura a la Alcaldía, y los testimonios de descargo de 10 vecinos y una jefa de manzana que manifestaron que el senador sí vivía en el puerto.
El mismo día de su solicitud, el juez acordó llevar a cabo la audiencia privada y canceló la orden de captura por los delitos de uso de documento falso, falsedad en declaración y fraude procesal.
«Téngase por cancelada la orden de aprehensión de 12 de julio de 2024, que se le pudiera de conocimiento a través del oficio 12549/2024 emitida contra Miguel Ángel Yunes Márquez», dice el acuerdo del Juez Lozada.
Lozada expuso en su resolutivo que bastaba con que la Fiscalía enunciara la existencia de nuevos datos de prueba que desestimaran la imputación, para que él cancelara el mandamiento de captura.
Según los oficios 15416 y 14859/2024, suscritos por el Juez del fuero común, este caso contra Yunes tiene su origen en una denuncia penal del 2021, pero la orden de aprehensión se giró hasta el 12 de julio de este año, cuando ya era senador electo.
Para desistirse, la Fiscalía presentó la sentencia dictada el 18 de marzo de 2021 por el Tribunal Electoral de Veracruz, en la que revocó la candidatura de Yunes para la Alcaldía del puerto, por no acreditar su residencia.
Al respecto, la Fiscalía Estatal dice que la separación de la candidatura «fue únicamente porque su residencia no era efectiva en temporalidad requerida por la ley, mas no porque la constancia de residencia resultara ilícita».
En cuanto a los testimonios, uno de ellos es el rendido el 2 de septiembre pasado por María Teresa Madrid Vargas, quien expidió la constancia de residencia a Yunes.
La mujer reconoció ante el Ministerio Público local que el 28 de agosto de 2020 entregó esa constancia «y que la misma no es falsa, pues ella la expidió y firmó en su carácter de jefa de manzana, la cual fuera certificada por el secretario del Ayuntamiento».
Los otros que declararon y corroboraron la residencia de Yunes ante la Fiscalía son Rocío Hernández Romero, Mariano Acosta López, Gumaro Pastelín Martínez, Víctor Manuel Ortiz Grajales, Gerardo Ceballos Coronel y Carolina Guevara Sánchez.
También Mario Arturo Ceballos Ponce, Maura Valdez, Martha Eugenia Mendoza Pérez y Soraya Báez Rocha, todos ellos vecinos del senador en el Fraccionamiento Reforma del Puerto de Veracruz.
«(Todos) de manera coincidente y bajo protesta de decir verdad refirieron que Miguel Ángel Yunes Márquez tiene su domicilio (en ese lugar) … porque lo han visto ahí en las escaleras, en el elevador e incluso acompañado de personal de seguridad», dice el documento.
Al día siguiente de la cancelación de la orden de captura, el legislador se presentó al Senado de la República y la madrugada del 11 de septiembre se convirtió en uno de los votos decisivos para que el oficialismo alcanzara la mayoría calificada y aprobara la reforma judicial.
Abel Barajas
Agencia Reforma