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    Inicio»Editoriales»Opinión»ASUNTOS PÚBLICOS
    Opinión Por Alfonso Carlos Del Real López*

    ASUNTOS PÚBLICOS

    4 de noviembre de 2024No hay comentarios6 Minutos de lectura
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    Una nueva forma en la administración pública federal

    La semana pasada, en este mismo espacio de opinión estrictamente personal, le compartía que la presidente Claudia Sheinbaum Pardo había dado algunos visos de lo que pretendía realizar en cuanto a la estructura (formas legales y operativas, por decirlo así) de las dependencias y entidades de la administración pública federal tanto en la etapa de campaña como en el mensaje que pronunció en el Zócalo capitalino el día de su asunción a la Presidencia de la República.

    Entre ellos, le comenté que la presidente había mencionado que “En ese mensaje a la nación desde el Zócalo de sus cien promesas, déjeme traer a cuento las siguientes: “12. Encabezaremos un gobierno honesto, honrado, sin nepotismo, corrupción e impunidad. La Secretaría de la Función Pública (SFP) se convierte en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. No va a regresar el régimen de corrupción y de privilegios. Nuestra guía será siempre la honradez y la honestidad.

    “17. Vamos a facilitar el acceso al pago de impuestos, trámites y servicios. Crearemos el programa de reducción y digitalización de trámites más grande de nuestra historia; 51. Haremos la primera Secretaría de las Mujeres”. Entre otras cosas más.

    Bueno, pues con eso como un breve contexto, déjeme comentarle que la semana pasada, la titular del Ejecutivo federal hizo llegar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la iniciativa que le dará nueva forma y rostro a la administración pública federal, particularmente en lo concerniente a la administración centralizada (es decir, el gabinete central, las secretarías de Estado) y su usted gusta consultarla, le dejo la liga para que la revise en la Gaceta Parlamentaria de la cámara: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2024/nov/20241101-I.pdf (Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6650, viernes 1 de noviembre de 2024, Anexo I, Iniciativa del Ejecutivo federal, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).

    La iniciativa se convierte entonces en la traducción ya material del primer paso que da la presidenta para atender estos compromisos señalados en su mensaje.

    Para las personas como un servidor, cuya formación profesional es precisamente como administrador público, el tema es de harto interés y con muchas perspectivas de análisis, pero déjeme abordar en este momento solamente tres de manera muy simple: la dimensión de derecho administrativo, la dimensión de la forma del ente pública y la de la perspectiva de los funcionarios.

    Con la primera, debe ser de interés público dimensionar y entender que se perfilan modificaciones al marco normativo del gobierno federal que dará cuenta de hasta dónde (y eventualmente, cómo) determinadas dependencias ejecutarán ciertas tareas.

    Quizás el mejor ejemplo de la magnitud del cambio lo pueda protagonizar la futura Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues en la propuesta se menciona que “además de incluir en las atribuciones de la mencionada dependencia conceptos ya presentes como los de transparencia, control eficaz de los procesos y fiscalización, se amplía en otros como el de rendición de cuentas, dándole un énfasis a la participación ciudadana, la relación democrática entre gobierno, representantes, gobernados y representados, a la transparencia proactiva, así como el enfoque en la ética y los valores, como eje de la prevención”.

    ¿Se imagina Usted la traducción operativa de esto, y el ajuste legal que habrá de construirse para asumir las funciones que hoy por hoy tiene el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)?

    Por otro lado, en cuanto a la estructura o la dimensión del ente público, déjeme poner esta referencia: dice la iniciativa que “la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como Secretaría debe ser considerada como elemento esencial del Estado Mexicano, para poner al servicio de la ciudadanía diferentes herramientas tecnológicas para que, de manera ágil e inmediata, ejerzan y exijan sus derechos”.

    Estamos acostumbrados a que las dependencias federales tengan alguna clase de representación en las entidades federativas y, con ello, existan espacios de trabajo ordenado, coordinado y dinámico que acerquen las realidades locales al ojo del centro.

    Al erigirse en la secretaría de estado número 22 en México, la futura ATDT (permítame ese acrónimo provisionalmente), tendrá que generar su estructura y, con ello, el sentido de sus trabajos tanto a nivel central como en términos de descentralización pero, a la par, trabajar arduamente para que el país tenga una base mínima de elementos tecnológicos que le permitan desplegar los proyectos de modernización.

    Y finalmente, en cuanto a la perspectiva de los funcionarios, es inevitable pensar en que cada área de trabajo en la administración pública está aderezada por la naturaleza, trayectoria, formación y, con todo ello, perspectiva del gobierno y de la administración en turno que tienen los funcionarios destinados para tal efecto.

    La estructura es una, pero la dinámica se la imponen aquellos que son los responsables de las riendas. Una cosa es la agencia y otra los agentes, y la presidenta ha definido su confianza en personas -agentes- con una historia pública que, si bien no está exenta de algún señalamiento (nadie está exento de ello cuando se labora en gobierno, absolutamente nadie), gozan de reconocimiento y experiencia para llevar a buen puerto la tarea encomendada pero, sobre todo, gozan de su confianza.

    Como le decía, son muchísimas las aristas de análisis de esta iniciativa. Ya iremos viendo en qué resulta, pero parece que no hay lugar a dudas de que la iniciativa transitará sin problema en ambas cámaras y, más pronto de lo que nos imaginamos, será publicada e iniciará su vigencia.

    Para esto, no descartemos el esfuerzo que deben hacer los gobiernos de las entidades federativas -y hasta los municipales- en ver y dimensionar tales cambios, a fin de adaptarse o, por lo menos, iniciar un análisis que visualice lo que viene, porque o se adaptan y se aclimatan… o se duermen en sus laureles.

     

    *Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, UNAM.

    Facebook, PonchoDelReal; escríbeme a alfonsodelrealzac@outlook.com

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