El gobernador David Monreal Ávila afirmó que, “como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo” sobre la reforma judicial, la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstezac) también “va porque va”.
Consideró que la acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo federal es un asunto político, “derivado del crecimiento del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)”, por lo que advirtió que pudiera haber “fuego amigo”.
Al insistir en que ve “intereses políticos” en el proceso que ya admitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mandatario puntualizó que se debe actuar con objetividad y claridad.
Defendió que la reforma al Issstezac responde a un problema existente, aunque reconoció que ni con la aprobada por la LXIV (64) Legislatura se libra la crisis del fondo de pensiones.
“Es un asunto de pesos y centavos”, dijo Monreal Ávila, quien recalcó la necesidad de aplicar modificaciones al sistema, al argumentar que se deben establecer condiciones adecuadas para garantizar la seguridad social de los trabajadores del gobierno del estado.
Explicó que las medidas están encaminadas a resolver un problema que creció hasta la quiebra del fondo. Además, calificó la discusión como “un buen debate porque es la antesala a una crisis en este tema de las instituciones de seguridad social del país”.
Ante el juicio que inició a nivel federal, David Monreal aseguró que desde la administración estatal actuarán conforme al marco de la ley para que se realicen las acciones necesarias, con legalidad y dejando atrás “intereses personales”.
Anunció que instruyó al coordinador general Jurídico, Ángel Manuel Muñoz, para que establezca un equipo de trabajo, con la finalidad de responder y que se evalúen las condiciones de la acción que se promovió.
REVÉS JURÍDICO
El Poder Ejecutivo federal promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley del Issstezac.
Ante la Suprema Corte, la Consejería Jurídica del gobierno de México solicitó la invalidez de los artículos 74, 128 y 128 Bis de la legislación.
El primero es el que establece el aguinaldo para los pensionados, disminuyendo el pago anual de 60 a 30 días.
El segundo advierte que “el cumplimiento de las obligaciones del Issstezac estará sujeto a su capacidad financiera” y que, en caso de quebranto, “se basará en estudios técnicos y actuariales para proponer las modificaciones necesarias para recuperar su estabilidad”.
El tercer artículo señalado, sobre “política de austeridad”, indica que el otorgamiento de prestaciones sociales y el cumplimiento de obligaciones también “estarán a cargo de la reserva técnica del Issstezac, conforme a su capacidad financiera”.
A la ministra de la SCJN, Loretta Ortiz Ahlf, se le dio cuenta del expediente el 22 de octubre, aunque el escrito inicial se remitió desde el 18 de septiembre por parte de la Consejería Jurídica del gobierno federal.
A la acción de inconstitucionalidad, documentada en el expediente 149/2024, ya se le admitió a trámite. Asimismo, se dispuso dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, “para que rindan su informe dentro del plazo de quince días hábiles” a partir de la notificación.
Impugnación amenaza pensiones: Sánchez
Ante la acción de inconstitucionalidad que el gobierno de México interpuso contra tres artículos de la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstezac), el director del organismo, Ignacio Sánchez González, advirtió que se amenaza la viabilidad del fondo de pensiones.
Se refirió en específico a la impugnación al artículo 74, con respecto a la reducción de los días de aguinaldo de 60 a 30.
“Pero si esto es así, entonces lo que se paga en el Seguro Social también es anticonstitucional, porque también el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) paga 30 días de aguinaldo”, consideró Sánchez González.
Recordó que cubrir 30 días de aguinaldo más representa un gasto de al menos 215 millones de pesos, que no tiene la institución.
“Vamos a esperar”, declaró Ignacio Sánchez, aunque reiteró que el proceso ante la Corte “desde luego tiene un impacto a las finanzas del instituto, cualquiera que sea el resultado”.
Además, consideró que de proceder la acción de inconstitucionalidad se regresaría al punto anterior a la reforma de este año, en el que las opciones eran: o reformar el sistema o liquidarlo.
“Si la reforma no opera, entonces regresaremos al punto de la liquidación. Vamos a esperar”, enfatizó el director del Issstezac.