PINOS. Ejidatarios y habitantes del ejido San Martín y Anexas, que conforman 10 comunidades, denunciaron que se comete un ecocidio por parte de la empresa que lideran Jesús Ledesma Ramírez y María de los Ángeles Quintanilla Salazar.
Informaron que desde 2013, bajo el amparo de una concesión otorgada por las autoridades federales, dañaron alrededor de 200 hectáreas de terreno verde y arbolado.
Con ello afectaron el hábitat de diversas especies de animales, además de dañar los mantos freáticos con la explotación del terreno para sacar casi 2 millones de toneladas de material pétreo, como grava y arena.
A la fecha ninguna autoridad, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo caso a pesar de la insistencia para que detengan este daño ya que, informaron, la supuesta concesión finalizó en 2023, pues se otorgó por 10 años.
Con el respaldo de la diputada Martha Elena Rodríguez Camarillo, representantes del ejido ofrecieron una conferencia de prensa para “solicitar la intervención de las autoridades, para exigir y hacer un llamado enérgico a las instituciones involucradas para atender lo que ocurre en Pinos”.
Con la explotación de las tierras, advirtieron que se afectaron árboles centenarios y gigantes de hasta más de 200 años de antigüedad, como sauces, pirules, huizache y sauce llorón, al extraer material “de manera desmedida y voraz”.
Explicaron que los responsables obtuvieron permisos para sacar material con un metro de profundidad, pero ya llevan ocho, con lo que destruyeron el terreno.
Dieron a conocer que con estas acciones son afectados más de 400 ejidatarios y sus familias, de comunidades como Puertas del Mezquite, El Canalizo, La Esmeralda, El Ramonal, Las Amarillas, El Mezquite, Las Jacobitas y San Martín, que es la que tiene mayor número de habitantes con 1 mil 200 y el resto de menos de 1 mil.
SIN SER ESCUCHADOS
Marcelino Herrera, ex delegado de San Martín y ejidatario, lamentó que con este ecocidio la zona verde ya desapareció, además de muchos árboles, animales del hábitat como tecolotes y armadillos, solo por mencionar algunos.
“Ante el daño severo no encontramos eco y ahora la gente está desesperada y el daño sigue, no hay quién ponga un alto a este problema”, advirtieron.
Señalaron que ya acudieron a estas tres instancias y la Conagua les advirtió que la concesión otorgada a estas personas concluyó en 2023, por lo que ya no tienen facultad alguna para explotar el terreno “y nos dijeron que podemos pararlos”.
Sin embargo, al hablar con ellos, llevaron también a una señorita de Zacatecas, de nombre Tania, quien dijo ser representante de María de los Ángeles y les dijo a los ejidatarios que ella quería trabajar bien con ellos.
La respuesta de ellos fue que ya no quieren que continúen los daños al terreno y les pidieron que se retiraran. A los dos días les llegó una notificación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de que fueron denunciados por presuntamente haberlas golpeado, lo que nunca ocurrió.
El ejido tiene su “valle verde” en los límites de Pinos con Mezquitic de Cardon Ahualulco, San Luis Potosí, donde también hay dos presas cuyas aguas y arroyos fueron afectados. “Ya casi llegan a los 2 millones de toneladas saqueadas”, dijeron.
AFECTAN VIVIENDAS
Habitantes que les acompañaban afirmaron que igualmente, los camiones que a diario pasan por las calles, en específico de La Esmeralda, causaron daños en sus viviendas por los estruendos, ya que al inicio eran camiones de carga, pero ahora son tráileres de 20 a 30 toneladas de capacidad, de los cuales entran 15 a diario.
Al expresar que están cansados de sentirse atropellados y agredidos por los particulares, advirtieron también que la situación podría generar encuentros de violencia, pues al querer defenderse y parar los camiones podrían ocurrir enfrentamientos que ellos evitaron a toda costa.
Añadieron que al hacer del conocimiento a Jesús Ledesma sobre el término de su concesión, al día siguiente llegó con un supuesto permiso que le dio la Semarnat para seguir explotando el lugar, por 30 años más.
