CIUDAD DE MÉXICO. La reforma al Poder Judicial y los cambios constitucionales promovidos por el Ejecutivo federal, ponen a México en una posición débil frente a la revisión del T-MEC y otros tratados comerciales, advirtió Manuel Bravo, presidente del Consejo de Empresas Globales.
El directivo aseguró que la desaparición de los órganos reguladores vulneran la certeza jurídica y limitan a México como un destino atractivo.
«Hacer de México un País atractivo requiere de autoridades reguladoras de excelencia, que actúen con solidez técnica, contribuyan a un eficiente ejercicio de todo este quehacer político», indicó.
Advirtió que se podría poner en riesgo captar hasta 50 mil millones de dólares anuales derivados del nearshoring.
«La revisión del TMEC es en 2026, pero no solo es el tratado con Estados Unidos (y Canadá), sino estamos en constantes conversaciones con los otros tratados internacionales que tenemos, que nos han ayudado mucho al crecimiento como País», afirmó.
Dijo que las empresas globales seguramente seguirán en el País, pero algunas nuevas inversiones tendrá retos adicionales.
«Sin duda la certeza jurídica es, como hemos mencionado, la piedra angular para atraer inversiones», consideró Bravo.
Recordó que hay países dentro de Sudamérica como Colombia, Chile o en el sureste asiático, como Vietnam, que atraen inversión extranjera por la relocalización de las cadenas de suministro.
El líder empresarial afirmó que a las multinacionales les preocupa que la reforma al Poder Judicial pueda estar incumpliendo las obligaciones previstas en tratados comerciales, no solo el TMEC, sino el que México tiene con la Unión Europea, el del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico e incluso con los países de Centroamérica.
Apuntó que el proyecto de reforma judicial contiene temas críticos que deben ser revisados como garantizar la independencia de la judicatura. Es decir, que los jueces resuelvan los asuntos de manera imparcial, sin ningún tipo de intromisión.
Otro tema es la elección y nombramiento de jueces a través de procesos imparciales y equitativos, eso con el fin de tener a las personas idóneas.
Otro punto es respetar las condiciones de inamovilidad de los jueces y que los cambios tengan un periodo de implementación razonable.
«En otras reformas, hemos hablado de entre 12 a 24 meses por lo menos para que se muevan las cosas, esta que es mucho más compleja podría ser más de 24 meses», opinó.
Bravo advirtió que es importante que no se limiten los efectos de las sentencias ya dictadas en términos de amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Manuel Alejandro Alvarez Torres
Agencia Reforma