La obra de la ignominia (2)
Le decía en la colaboración anterior que, en la actualidad, la movilidad urbana es tema trascendental de los gobiernos; traté de generar un marco de entendimiento respecto a la movilidad urbana sustentable y la diferencia con lo que es el transporte, aludiendo a que los gobiernos hoy tienen una responsabilidad en sus acciones y la consideración en ello de no afectar generaciones futuras.
En la parte final de la colaboración, plasmé que “Si usted tiene en la mente ésas dos ideas [disminuir el uso de autos y el uso de transporte sustentable], que pueden traducirse en “menos coches, más transporte público sostenible”, entonces dimensionará con claridad este párrafo del documento: “Para ello [favorecer los modos de desplazamiento más respetuosos con el medio ambiente], se aprovechan las técnicas y conocimientos desarrollados en los sistemas de tránsito inteligente, gestión de la demanda, planificación urbana y, finalmente, el uso de tecnologías no contaminantes y con un alto nivel de eficiencia energética en el transporte público y privado.
“Adicionalmente, estas políticas de traslado intentan promover un cambio de mentalidad que permita modificar las pautas de la movilidad actual en aquellos aspectos que la hacen insostenible, especialmente, el papel preponderante del automóvil de uso privado”.
Finalicé diciendo que “la adopción de la Agenda 2030 por parte de los países y los distintos gobiernos al interior de ellos implica trascender las estructuras mentales, políticas y económicas con que se desarrollaron los entes públicos y sus agentes durante la segunda mitad del siglo 20 y los primeros años del presente; es fundamental romper esquemas arcaicos de la concepción, por ejemplo, de espacios públicos y movilidad, para adoptar cambios basados en ideas, estudios, análisis y conocimiento científico”.
Con ello en consideración, lo llevo a lo siguiente: se estima que los gobiernos -y particularmente los gobernantes, es decir, las cabezas, los electos, los titulares- trascienden a la historia por alguna obra emblemática (de infraestructura) que trata de dar cuenta de lo que se hizo en su administración; esa idea, anquilosada en una perspectiva egoísta y hasta narcisista del ejercicio de gobierno, se convierte en el eje de otras decisiones, esto es, que se define una obra -a veces, innecesaria- y alrededor de ella giran acciones de gobierno: “en el gobierno de X, se hizo tal proyecto y se dejó de hacer tal cosa”. Inauguraciones, placas alusivas, aplausos… en fin.
En diferentes latitudes de nuestro país se desarrollaron obras de infraestructura en términos de vialidades (o si lo quiere ver como de “comunicaciones y transportes”, es válido) que tomaron mucho tiempo en concretarse y cuyo costo -en términos presupuestales- fue excesivo, porque de una proyección original de lo que se requería de inversión, su costo final fue muchísimo mayor al estimado.
Se pueden considerar acciones de administraciones que abusaron impunemente del presupuesto público y representaron el nivel del gobierno y el mandatario, es decir, se usan para describir el (mal) gobierno que se tuvo, pero no deja de llamar la atención la justificación pírrica de obras que explican estupideces de gobierno.
Es inevitable que, ante el encarecimiento desmedido de obras de infraestructura vial, se presuponga que fueron realizadas para “robar”. Dicho de otra forma, una obra innecesaria genera la idea de que se construye algo para que el gobernante “haga negocio” y “robe”.
Por supuesto, esto que le comento está sujeto a su consideración, pero en relación con la percepción que pueden tener los ciudadanos, se construye esa perspectiva de “se hacen obras para que los del gobierno roben”.
Esto nos lleva a pensar que, quienes están en la esfera pública, están bajo un foco permanente de señalamiento. De ahí la necesidad de que el actuar gubernamental en este tipo de obras de infraestructura vinculada a la movilidad y/o al transporte sea extremadamente pulcro, transparente, técnico y científico, y abierto.
Lo anterior no busca otra cosa más que generar elementos que, en conjunto, convenzan de que determinada obra es justificable, se hará bien, es estrictamente necesaria y es el resultado de una participación social, académica, gubernamental y demás que, en el marco de la conceptualización y traducción de las necesidades de movilidad urbana sustentable, hará un gran bien y se superpone a otras necesidades apremiantes que también debería atender el gobierno.
Invertir miles de millones de pesos en una acción gubernamental implica un sesudo trabajo de discriminación de otras necesidades.
Es decir, para llegar a que un gobierno decida realizar una mega obra de infraestructura de movilidad/vial que se inserte en la idea de traslado urbana sustentable (que costará una cantidad estratosférica de su presupuesto) nos lleva a pensar que ya se llevaron al límite acciones de mejora de transporte público, ordenamiento vial, uso de espacios públicos, equipamiento urbano, actualización normativa del tema, eficiencia en la gestión de transporte y movilidad (y demás), y al verse limitado todo lo anterior, es que se toma la inevitable decisión de instrumentar una obra de esas características.
Si no existió ese sesudo trabajo por parte del gobierno y se empuja una decisión de tal magnitud, simplemente tratando de envolverla con explicaciones de papel celofán en el trayecto, con aclaraciones pueriles a modo de blindaje, sin una perspectiva profunda de la conceptualización alrededor de la movilidad y el transporte, y dejando de lado otras necesidades apremiantes, se reforzará la idea de que es una obra para robar y no para mejorar; se iniciará una temporada de señalamientos que llevan, invariablemente a considerar una obra de ignominia.
Caray, cuidado con ello. Los gobiernos pueden reaccionar y recular para no afectar desde hoy a generaciones futuras, pero sobre todo, pueden tener un espacio de reflexión para poner en la balanza la ignominia por una decisión forzada y cuestionada, o bien, asumir costos políticos de afrontar con determinación acciones de orden. Son los costos de ejercer el gobierno.
*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, UNAM.
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