CIUDAD DE MÉXICO. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a sus fiscales responsables del caso de la Estafa Maestra, por presuntos sobornos a cambio de beneficios de inmunidad penal, de desviar indagatorias y proteger a Emilio Zebadúa, el ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, señalado como el principal artífice del desvío.
La Fiscalía Especial de Asuntos Internos de la FGR abrió la carpeta de investigación FED/FEAI/FEAI-CDMX/0000526/2024 y citó ayer a su primer testigo, al que interrogó en una diligencia de tres horas.
Se trata de Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones de la Sedesol, contra quien se libraron 4 órdenes de aprehensión por la Estafa Maestra y apenas el pasado 24 de mayo salió del Reclusorio Sur en libertad provisional.
Esta indagatoria fue iniciada tras una publicación de TOJIL, en el que se reveló el audio de una conversación entre un abogado y supuestamente la fiscal Érica Canuto Fonseca, en la que se habla de posibles entregas de 200 a 500 mil pesos para presumiblemente atenuar una imputación.
Tras su comparecencia, De León Mojarro dijo en entrevista estar muy contento porque percibió que la Fiscalía tiene un interés muy claro en revisarse a sí misma e investigar a sus funcionarios.
«Nos entusiasma mucho que finalmente la Fiscalía está revisándose al interior para que no paguen justos por pecadores, porque en materia de recursos todos sabemos que aquí y en China los que deciden y los que resuelven son las Oficialías Mayores, entonces, pues que no le den vuelta a lo que está tan claro», dijo.
¿Usted está convencido de que Emilio Zebadúa recibió un tipo de ayuda de autoridades?, se le preguntó.
«Pues eso es justamente lo que se está investigando, entiendo yo, y espero pronto salga a la luz y se aclare para limpiar mi nombre, mi prestigio y el de mi familia, que tan terriblemente nos han dañado», respondió.
Aunque el audio divulgado habla del posible involucramiento de personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), De León dijo que de momento la investigación apunta a los fiscales.
«Yo entiendo que (la investigación) es solamente para la gente de la Fiscalía, no obstante que yo les dije pues que había allí una coordinación muy clara entre la Fiscalía, la ASF y la Función Pública», comentó.
¿Le preguntaron por gente en específico?
«Perdóname, pero tampoco te la puedo contestar», respondió.
¿Alguna vez los fiscales le pidieron dinero por algún favor?
«Esa pregunta, perdóname que no la pueda contestar porque es entorpecer el proceso de investigación que están siguiendo ellos. Ya habrá tiempo de poderla contestar, pero ahorita sería ponerme una trampa en el pie de esa manera, para no entorpecer el proceso de investigación».
Aunque la FGR tiene testimonios contra Zebadúa, en todo el sexenio nunca pidió una orden de aprehensión o citatorio en su contra, además de que promovió suspensiones de amparo que le permitieron paralizar las pesquisas en su contra.
Las investigaciones del caso de la Estafa Maestra han estado a cargo de las Fiscalías Especializada en Control Competencial (FECC) y la Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
En la primera, los fiscales responsables de las indagatorias y judicialización han sido Mónica Martell Olguín, Mario Fonseca Barrera, Érica Canuto Fonseca y Teresa Maldonado Rodríguez, aunque esta última ya renunció desde hace tiempo a la dependencia.
En la FEMDO, quienes judicializaron el caso de Rosario Robles y otros imputados fueron el fiscal Federico Amezcua Ornelas y el que fuera titular de la Unidad Antilavado, Ancelmo Mauro Jiménez Cruz, ambos también ya fuera de la institución.
En el audio difundido, la voz que se atribuye a la fiscal Érica Canuto aparentemente pide sumas de 150 a 500 mil pesos para ella, dos auditores de la ASF y un funcionario del CENAPI.
Además, el abogado menciona haber pagado a otros funcionarios entre 350 y 400 mil pesos por criterios de oportunidad que «no le cumplieron», aunque no menciona a quién le pagó ni los imputados que buscaban el beneficio.