MADRID. El Tribunal Constitucional de Ecuador ha avalado este jueves de forma parcial el estado de excepción declarado a finales de abril por el presidente del país, Daniel Noboa, ante la crisis que atraviesa el sector energético nacional, que ha provocado prolongados cortes de luz, y ha pedido más información sobre las acusaciones de «sabotaje» lanzadas por el Gobierno.
Los magistrados han emitido dos sentencias, la primera de ellas para mostrar su apoyo a la mencionada medida y para validar el uso de fondos públicos para su implementación, y una segunda para criticar que no se haya aportado «información suficiente» para su decreto, según ha publicado el diario ecuatoriano ‘El Universo’.
Además, ha declarado inconstitucional la movilización de la Policía y del Ejército para que controlen las instalaciones y el servicio energético, y es que solo pueden custodiarlas para «prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas», de ahí que se pida más información.
«No se mencionan acontecimientos que requieran la actuación de la fuerza pública para el resguardo de infraestructura o hechos que justifiquen su intervención. Consecuentemente, la adopción de la medida en cuestión no ha sido justificada por la Presidencia de la República», reza un documento publicado por el Constitucional.
El Tribunal, que reconoce las «afectaciones graves al sistema de electricidad», ha ordenado a Noboa presentar un informe una vez finalice el estado de excepción, que tendrá una duración de 60 días desde que fue decretado.
La principal diferencia con respecto a ocasiones anteriores es que el nuevo estado de excepción no traerá consigo la imposición de toques de queda.
Ecuador se ha visto obligado desde hace varios días a aplicar una serie de apagones para hacer frente al desabastecimiento en el sistema eléctrico. Aunque en un primer momento se apuntó a cuestiones climáticas –escasez de agua en los embalses, excesivo calor y fallos en las centrales energéticas– las autoridades han apuntado después a un posible sabotaje.
La situación es tal que el presidente solicitó a principios de semana la dimisión de la ministra de Energía, Andrea Arrobo; declaró el estado de emergencia en el sistema energético y puso en marcha una investigación para determinar lo ocurrido. Los primeros resultados de las pesquisas apuntan a que Arrobo y otra veintena de sospechosos habrían ocultado información relevante sobre la situación energética.