ZACATECAS. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que, como integrante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, rechaza el criterio judicial que prohíbe la prisión preventiva oficiosa.
Mediante un comunicado, la institución explicó que el Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la Región Centro-Norte del país estableció una jurisprudencia que señala que basta con una demanda de amparo para que se ordene suspender el cumplimiento de una orden judicial de aprehensión por delitos graves.
Se consideran ilícitos como los sexuales, los cometidos contra menores, el feminicidio, el homicidio, la violación, el secuestro, la delincuencia organizada, entre otros.
Lo anterior, explica, se aplicará en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
La Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las fiscalías y procuradurías de todo el país, solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que emita un pronunciamiento claro sobre la supremacía constitucional que debe prevalecer el beneficio de las víctimas y de los ofendidos.
Lo anterior, en acatamiento a lo señalado en el artículo 19 de la Constitución, que es prioritaria y soberana sobre cualquier resolución de tribunales internacionales, y que solo podrá ser modificada, si así lo aprueba el Poder Legislativo de México.
En la postura difundida por la FGJE, se asvierte que dicha resolución pone en peligro inmediato a las víctimas de todos esos delitos, a los ofendidos y a sus testigos, que quedarán en el más alto riesgo en su integridad y vida, sin la protección con la que deben contar en razón de sus más elementales derechos humanos.
La impunidad y el estado de indefensión que provocará esta decisión pueden prolongarse varios meses o muchos años, en cada caso, según se demore el juicio de amparo que cuenta con dos instancias y que inclusive puede llegar hasta la SCJN, como ocurrió en muchos casos, puntualiza.
Piden a la Corte revirar
Este martes, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, hizo un llamado a la SCJN para no eliminar la prisión preventiva oficiosa, pues de lo contrario quedarían libres 68 mil presuntos delincuentes.
Durante la conferencia mañanera, dio a conocer que la Corte propone eliminar el artículo 19 de la Carta Magna y ordenar a todos los jueces del país no aplicar la prisión preventiva de oficio.
Esta decisión, explicó la funcionaria federal, se toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, “como sabemos, es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA”. En ésta, condena el sistema mexicano y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva”.
La funcionaria federal puntualizó que, aunque esta resolución obliga a todo el Estado mexicano en su conjunto, la Suprema Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo debe actuar México.
Advirtió que dicha decisión impactaría en la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes que se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa: 11 mil 640 están acusados de homicidio, 7 mil 150 de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo.
Asimismo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, 1 mil 405 de feminicidio, 1 mil 273 abuso infantil y corrupción de menores, y 405 de delincuencia organizada.
Alcalde Luján consideró que validar esta decisión vulneraría la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica debe violar el derecho de los Estados a autodeterminarse.
Pidió al Poder Judicial atender primero uno de los principales problemas de fondo: la tardanza de las resoluciones de sus asuntos.
Expuso que el Congreso de la Unión, mediante las cámaras de Diputados y Senadores, con dos terceras partes y ratificación de la mayoría de congresos locales; son los únicos que tienen la facultad para eliminar o reformar la Constitución. Por el contrario, si la SCJN decide intervenir, sería “asumirse como el gran poder de los poderes”, agregó la secretaria.