CIUDAD DE MÉXICO. La pugna en el Tribunal Electoral arrecia. Tres de los cinco magistrados electorales acorralaron a Reyes Rodríguez Mondragón para obligarlo ayer a dejar la presidencia del Tribunal Electoral.
A solicitud de los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata y Mónica Soto, el pleno de la Sala Superior retomó a las 17:30 horas de ayer, la sesión que habían diferido desde el miércoles pasado.
La permanencia de Rodríguez Mondragón fue incluida como último punto del día a discutir a solicitud de Fuentes Barrera, quien junto con De la Mata y Soto argumentaron pérdida de confianza en la conducción del magistrado presidente.
El primero en tomar la palabra fue Rodríguez Mondragón, quien informó que luego de que le pidieron su renuncia, les solicitó tiempo para valorar esa posibilidad, pero en respuesta le demandaron que presentara su dimisión ayer.
Ante el pleno, Reyes Rodríguez reiteró su demanda de tiempo y puso como plazo el próximo lunes, pero sus detractores le pidieron decretar un receso para discutir la solicitud.
Momentos antes de que concluyera el receso de 15 minutos, el magistrado presidente denunció, junto con Janine Otálora, que el diálogo con los demás magistrados no pudo darse, porque Soto solicitó desahogar el tema en una sesión privada, por lo que anunció el diferimiento de la sesión hasta nuevo aviso.
En el pleno ya lo esperaban Fuentes, De la Mata y Soto quienes presionaban para la reanudación de la sesión, pero Reyes Rodríguez y Otálora no regresaron al pleno.
“Por respeto a la institución y a mi mandato como jueza constitucional me retiré de la sesión al no haber condiciones para dialogar. Confío en que las magistraturas estarán a la altura de un país con dinámicas democráticas. Reitero: la democracia necesita demócratas”, posteó en sus redes sociales Otálora.
Los magistrados los acusaron de romper el quórum, de faltar a los acuerdos y exigieron al magistrado presidente dar un paso a un lado.
Argumentaron pérdida de confianza en Rodríguez Mondragón ante “evidentes” actos de hostigamiento al secretario general de Acuerdo, una “extraña” intervención de un despacho de abogados en la vida del Tribunal y la injustificada contratación de “algunas personas” en los últimos tiempos.
“La presidencia de este Tribunal no debe ser vista como un derecho o un feudo, en realidad es una responsabilidad y un privilegio otorgado por sus pares. Por eso, cuando sus voces reflejan en mayoría inconformidad al considerar incorrecto el cause al que se dirigen los actos de su presidente, es imperativo que éste se separe de las responsabilidades que le fueron otorgadas», dijo Fuentes Barrera.
