ZACATECAS. “Los ciudadanos no sólo debemos ser espectadores, sino que nuestra participación debe ser activa, generando así una corresponsabilidad en la rendición de cuentas y políticas públicas efectivas, enfatizó, Rodrigo de Jesús Rodríguez Olvera, coordinador de la Secretaría de la Función Pública (SFP), al participar en el foro Retos y Perspectivas de la Implementación de la Contraloría Social en la Administración Pública Estatal.
Juan Rodarte Dávila, director de Contraloría Social de la SFP, informó que en la administración encabeza por el Gobernador David Monreal Ávila se ha impulsado la participación social para construir una contraloría social legítima e independiente, fundamental en la disminución de la corrupción, así como en el seguimiento y vigilancia de acciones de la administración pública estatal.
En el evento realizado en Jalisco y cuya finalidad es el intercambio de experiencias exitosas entre las entidades federativas, la SFP de Zacatecas trabaja en coordinación con las instancias ejecutoras de los programas de desarrollo social, a través de la firma de 13 programas estatales de desarrollo social y cinco programas de trabajo con instancias ejecutoras de programas federales.
Se ha favorecido la cercanía social con las instancias gubernamentales, a través de canales de comunicación, como lo son: el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) y el Sistema Integral de Denuncia Ciudadana (SIDEC), mediante los cuales se pueden hacer solicitudes o recomendaciones de cualquier programa estatal, al igual que presentar quejas y denuncias.
Los representantes de Zacatecas explicaron las acciones que el Gobierno del Estado y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han realizado para desarrollar el proyecto Construcción de Ciudadanía en Población Infantil para la Prevención de la Corrupción en el estado.
Dicho programa da atención a la niñez zacatecana, con el fin de dar empoderamiento participativo a niñas y niños de cuarto, quinto y sexto de primaria, por medio de la sensibilización sobre valores y principios, que permitan el desarrollo de competencias y habilidades orientadas a la práctica de sus derechos humanos.
