CDMX. La Cámara Minera de México (Camimex) acusó que en el País no existe un Estado de Derecho para las empresas del sector, de manera relativa a la operación y normatividad vigente.
Por una parte, ante el paro de labores en la Minera Peñasquito que mantiene a más de 2 mil 500 trabajadores sindicalizados desde el pasado 7 de junio, la Camimex exigió a las autoridades competentes trabajar para que se resuelva el problema.
«Solicitamos a las autoridades competentes colaborar en la solución de la huelga que se ha suscitado en Minera Peñasquito, Zacatecas», expresó el organismo en un comunicado.
Por la huelga que ya supera los 60 días, Minera Peñasquito podría sumar pérdidas económicas por más de 222 millones de dólares por la suspensión de las actividades y a la llegada de ingresos.
«El impacto económico para la empresa (por el paro de labores) es de aproximadamente un millón de dólares por día en costos para mantener la suspensión de las operaciones, así como 2.7 millones de dólares de ingresos perdidos por día», detalló la empresa en su momento.
Ante esta situación, la Camimex alertó que el conflicto que mantienen los grupos sindicales, como en este caso contra Minera Peñasquito, traen consigo un entorno de preocupación para que otras empresas mineras inviertan en territorio nacional.
«Como representantes de la industria minera responsable en México, externamos nuestra preocupación por el impacto que esta y otras situaciones similares tienen en el empleo, la producción nacional, la confianza de los inversionistas en el País», añadió la Cámara.
Por otra parte, el organismo que agrupa a gran parte de las empresas mineras solicitó resolver el retraso generalizado en las respuestas a las solicitudes de permisos ambientales, atoradas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
«Resulta crucial que la Semarnat actúe de manera ágil y eficiente en los procesos de evaluación y en la emisión de resoluciones, especialmente cuando las empresas cumplen rigurosamente con los requisitos establecidos por la ley», expusó la Cámara.
En abril de este año, la dependencia federal denunció que la industria minera afectó entre 2013 y 2018 más de 15 millones de hectáreas de 5 mil núcleos agrícolas en todo el territorio nacional.
Durante este periodo, la Semarnat informó que durante dicho periodo se frenó el desarrollo de 169 proyectos, luego que las comunidades, las cuales no fueron detalladas, realizarán las denuncias correspondientes.
En la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto el Gobierno federal como las Secretarías de Economía y del Medio Ambiente no han otorgado concesiones mineras y han frenado la entrega de permisos ambientales, respectivamente-
«La certeza y eficiencia en el proceso administrativo son fundamentales para retener e impulsar la inversión responsable en el sector minero, la cual es clave para el crecimiento económico y el bienestar de nuestro país», señaló la Camimex.
Recordó que al cierre del año pasado, el sector minero-metalúrgico generó tres millones de empleos y representó el 2.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 8.63 por ciento del PIB industrial.
Adicionalmente, abastece a más de 70 sectores productivos, que dependen de la minería en su cadena de suministro.
Luis Pablo Segundo Julio
Agencia Reforma