Un tribunal federal confirmó hoy que el Senado tiene que nombrar de inmediato al reemplazo del comisionado Francisco Javier Acuña en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que no ha podido sesionar por falta de quórum desde el primero de abril.
Por unanimidad, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la suspensión provisional dictada el 2 de mayo por la jueza Celina Quintero Rico, en un amparo promovido por Francisco Ciscomani, miembro del Consejo Consultivo del INAI, órgano cuya desaparición ha sido expresamente reclamada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los magistrados Fernando Silva García, Salvador Alvarado y Martha Ortiz declararon infundado un recurso de queja del Senado y coincidieron en que hay interés público en completar el quórum del INAI, que tiene cuatro de siete comisionados, pero requiere al menos cinco para sesionar y revisar negativas de información del Gobierno.
«Ningún poder constituido, en este caso el Senado, tiene facultades para desactivar o inhabilitar, directa o indirectamente, deliberada o accidentalmente, el funcionamiento de un órgano constitucional autónomo de garantía a la transparencia y la protección de datos personales, nacido desde la propia Constitución, como es el INAI», afirmó Silva.
«Se concede la medida cautelar para el efecto de que la Junta de Coordinación Política (del Senado) cese la omisión reclamada, y con base en el dictamen de las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia, por el que se propone el listado de las y los candidatos que reunieron las condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de Comisionado del INAI, acuerde el nombramiento que debe someter al pleno de la Cámara de Senadores», es la orden que confirmó el tribunal.
El 28 de abril, al cierre del periodo de sesiones del Congreso, el senador Ricardo Monreal hizo un último intento para nombrar al menos a un comisionado, pero sus compañeros de Morena lo rechazaron y ahora sería necesario un periodo extraordinario para hacer una o varias designaciones.
Resolverá jueza sobre desacato
Desde el 3 de marzo, la jueza Quintero también ordenó al Senado llenar las otras dos vacantes, abiertas desde abril de 2022, lo que la Cámara alta había ya hecho dos días antes con los nombramientos de Yadira Alarcón y Rafael Luna, que fueron objetados por López Obrador.
Alarcón promovió un amparo contra la objeción y el juez Martín Santos le concedió el 30 de marzo una suspensión para que no se designe a otra persona, pero Quintero considera que su orden debe prevalecer porque fue dictada previamente.
La jueza recibió ayer un informe del Senado sobre esta suspensión y, si bien no lo hizo público, advirtió que este jueves resolverá un incidente por defecto en el cumplimiento de dicho mandato.
El desacato a una suspensión es un delito federal que se castiga con tres a nueve años de cárcel, pero los jueces solo lo denuncian ante la FGR, que es la encargada de investigar el caso y en su caso presentar la acusación.
Cabe mencionar que las suspensiones que dictan los jueces de amparo tienen que ser acatadas de inmediato por las autoridades responsables, sin que puedan esperar a que los tribunales colegiados resuelvan sus impugnaciones.
Víctor Fuentes
Agencia Reforma