En México existen distintos sistemas, modelos y esquemas de pensiones, contando cada uno con sus propias tasas de cotización y de reemplazo, reglas, incentivos, condiciones, beneficios y siendo, además, independientes entre sí.
Por lo tanto, hablar de un sistema de pensiones en México es referirse a diversas fragmentaciones de beneficios y beneficiarios que cuentan con algún apoyo para la vejez (subsistemas).
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ya habla sobre la seguridad social en el Artículo 123. El país fue pionero en el tema, al mencionarlo constitucionalmente junto con la provisión de educación y vivienda.
La diferencia entre la Ley 73 y la Ley 97 obliga a pensar las consecuencias de un trato tan desigual entre sistemas, incluso entre personas que, por características sociodemográficas o laborales, comparten muchas similitudes.
Existe una generación de transición, pero no una transición suavizada de las reglas que rigen los dos sistemas. Poco abona a la consistencia del sistema de pensiones mexicano la existencia de algunos regímenes de privilegio en términos de tasas de reemplazo, condiciones generales, contribuciones requeridas, con respecto a la vivencia de la gran mayoría de la población.
El sistema mexicano de pensiones debe solucionar simultáneamente un sistema viejo al que todavía le quedan muchos años de vida (con profundos impactos fiscales) y un sistema nuevo que tiene sus propios problemas, entre ellos, una tasa de reemplazo baja y características que son frecuentemente cuestionadas en términos de su idoneidad para la nueva realidad laboral: flexibilidad, volatilidad, sueldos precarios, etcétera.
Un sistema de pensiones como el mexicano debe enfrentar el reto de responder a una cantidad sustancial de su población que vive en la informalidad. Las pensiones no contributivas o sociales han sido la propuesta de política pública para el problema anterior.
Sin embargo, cuando se va más allá de un piso mínimo surge un abanico de problemas que incluye los incentivos a permanecer en la informalidad y las altas cargas al erario de pensiones que no reciben (o recibieron) ningún fondeo.
La institucionalidad del sistema mexicano de pensiones es débil, tanto en término de sus órganos reguladores, como del andamiaje legal que rige y sostiene todo el sistema. Incluso, las reformas, muchas de ellas de calado, que han sucedido a lo largo de los años, estaban mejor pensadas para solucionar problemas particulares que armonizar un derecho social.