CIUDAD DE MÉXICO. De los 39 casos de mujeres atacadas con ácido que se han documentado en las tres décadas recientes, al menos 18 han ocurrido en el Valle de México, con la impunidad como común denominador en el 94 por ciento de los casos.
El registro más completo lo lleva la Fundación Carmen Sánchez, creada por una víctima.
A Elisa, por ejemplo, la agredió su ex pareja en 2001. Denunció, pero en la entonces Procuraduría capitalina perdieron su expediente. Tan seguro se sentía, que su agresor la volvió a encontrar en 2019 afuera del Mercado de Flores. La agredió y la amenazó con terminar lo que había intentado 18 antes: asesinarla.
Pudo escapar y, lejos de arredrarse, Elisa siguió presionando para exigir justicia. En febrero de 2021, su agresor fue finalmente detenido y purga una sentencia, pero no por tentativa de feminicidio, sino por violencia familiar.
El año pasado, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX emitió una recomendación tras considerar que las deficiencias en la investigación han prevalecido por más de dos décadas.
Si no se repone el proceso inicial antes de que pasen siete años, Javier Edilberto podría salir libre. Ella está segura de que, de ser así, esta vez no va a fallar. «Puede quedar libre y ¿qué garantiza que cuando salga no me mate como a otras mujeres?, si ya lo quiso hacer… y lo quiso hacer en dos ocasiones», cuestiona.
Una sensación de desprotección que también ha padecido Carmen Sánchez. Para febrero de 2014 ya había presentado tres denuncias ante la Fiscalía de la CDMX contra Efraín, su ex pareja, por violencia familiar, sustracción de menores y violación.
Ninguna avanzó y ella tuvo que refugiarse en casa de su madre en Ixtapaluca, Estado de México. Hasta ahí fue el agresor para aventarle ácido. Ocho meses pasó internada en el Hospital Magdalena de las Salinas.
Al salir del hospital pensó por momentos que las autoridades la protegerían y no fue así. Ni siquiera estaban buscando al agresor y en la Fiscalía del Edomex le dijeron que su expediente estaba extraviado.
En 2018 decidió dejar de callar. Hizo público su caso y comenzó a presionar para que encontraran la carpeta y detuvieran al responsable, lo que ocurrió recién el 6 de mayo del 2021. Efrén fue vinculado por el delito de feminicidio en grado de tentativa y será el próximo mayo cuando se dicte sentencia.
Dado que la mayor ayuda vino de otras mujeres, creó la fundación que lleva su nombre y la que ha contabilizado las 39 agresiones. También, que la mayoría se dirigieron al rostro (90 por ciento) y que la edad que tenían buena parte de las víctimas al ser agredidas era entre 20 y 30 años de edad (50 por ciento).
«Lo que estamos trabajando en la Fundación es la detección de casos de mujeres atacadas con ácido. En estos dos años nos dimos cuenta que un hospital (Magdalena de las Salinas) a lo largo de 30 años ha atendido al menos tres casos, uno de ellos es el de Carmen Sánchez, y nunca lo reportaron a las autoridades y nunca realizaron un protocolo de atención médico para estos casos», reprocha Ximena Canseco, cofundadora de esta organización.
¿Y LA JUSTICIA?
Sólo dos estados han reformado sus códigos penales para tipificar el ataque con ácido.
Oaxaca: en 2020 y raíz del ataque a la saxofonista María Elena Ríos.
Puebla: el 2 de marzo. Castiga hasta con 40 años de prisión.
TABLA AGRAVANTE
Su legislación incluye como agravante en el delito de lesiones, pero no como violencia de género:
CDMX
Baja California Sur
San Luis Potosí
Aguascalientes
Hidalgo
Estado de México.
Foto: Agencia Reforma
Nota: Dana Estrada y Viridiana Martínez