Emilio Lozoya presentó esta mañana una demanda de amparo con la que pretende frenar la apertura de un juicio en su contra por el caso Odebrecht y así mantener viva la posibilidad de lograr un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad que le permitan salir de la cárcel.
La defensa del ex funcionario reclama en su recurso legal la decisión del juez de control Gerardo Alarcón López, quien en la audiencia del pasado viernes reconoció en el proceso la calidad jurídica de ofendido a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Miguel Ontiveros Alonso, abogado del ex director de Pemex, confirmó que esta mañana presentaron la demanda de garantías ante la Oficialía de Partes de los juzgados de distrito en materia de amparo.
En la audiencia intermedia iniciada el viernes, el codefensor Alejandro Rojas Pruneda pidió al juez Alarcón dejar fuera del proceso a Pemex y la UIF porque, en su opinión, los delitos que imputan a Lozoya no les afectan en su patrimonio y, por consecuencia, no tienen la calidad de víctima u ofendido.
El impartidor de justicia descartó el argumento y confirmó a las dos entidades como ofendidas por los ilícitos del ex director de Pemex, decisión que ahora la defensa va a combatir mediante el juicio de garantías presentado este lunes.
Los abogados de Lozoya pretenden con su amparo conseguir una suspensión provisional y definitiva que impida al juez dictar el auto de apertura de juicio.
Por lo regular, el criterio de los jueces en este tipo de amparos es suspender la apertura del juicio, pero no el trámite de la audiencia intermedia, en la que se dirime la legalidad de las pruebas de las partes y se presenta la acusación en la que se pide la pena de prisión contra el imputado.
La audiencia intermedia concluye precisamente con el dictado del inicio de juicio, la etapa final del procedimiento.
Para Lozoya es clave que el juzgador no dicte este acuerdo, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el tiempo límite para pactar el criterio de oportunidad y su respectivo acuerdo reparatorio es hasta antes de dictarse la apertura de juicio.
Si el juez dicta la apertura, ya no habrá marcha atrás y tendrá que irse a juicio, donde la FGR ha pedido que le impongan 46 años con 6 meses de prisión por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho por el caso Odebrecht.
Cabe decir que desde abril del año pasado, Pemex ha informado en forma reiterada al juez de la causa que no hay acuerdo con Lozoya y la postura no parece que vaya a modificarse.
El acusado, por su parte, ha empezado a conseguir victorias parciales en la etapa intermedia de su proceso, que quizá obliguen a la FGR, Pemex y la UIF a alargar el procedimiento y no llegar a juicio en fechas próximas.
Lo anterior, porque el juez de control canceló en la misma audiencia del pasado viernes los documentos financieros con los que la Fiscalía pretende que Lozoya sea enjuiciado, principalmente la información bancaria aportada por Suiza y Brasil.
Estas decisiones del juez eventualmente pueden ser apeladas por las autoridades, lo que podría tener como consecuencia amparos de las partes o reposiciones de la audiencia intermedia. Es decir, habría más suspensiones que alejarían aún más la fecha de un eventual juicio.
Por lo pronto, este lunes continuará la audiencia intermedia del Caso Odebrecht en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Abel Barajas
Agencia Reforma