CIUDAD DE MÉXICO. Ante la nueva normatividad que prohíbe la exhibición de tabaco en puntos de venta, los productos ilegales tendrán oportunidad de mezclarse con los lícitos, al tiempo que los pequeños comercios quedan expuestos a extorsiones por parte de funcionarios, aseguró la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
En conferencia, Cuauhtémoc Rivera, presidente nacional de la agrupación, aseguró que con la medida emitida por la Secretaría de Salud, que arrancó este 15 de enero, incluso está en riesgo que los comercios sean obligados por grupos delictivos a comercializar productos ilegales.
«Van a venir a decir: ‘si tú ocultas ahí los cigarros, no te hagas, oculta también mi mercancía ilícita, estupefacientes y de demás'», alertó Rivera.
«Una cajetilla de contrabando vale un tercio, entre 25 y 30 pesos, y una legal entre 80 y 85 pesos. La utilidad que deja el cigarro de contrabando versus el legal es abismal; por eso, pareciera que este decreto lo que busca, y lo que va a ocurrir, es sacar la venta del cigarro legal junto con la ilegal».
De acuerdo con datos de la Anpec, de cada 10 cigarrillos que se venden en el País, 2 son ilegales, 3 legales se comercializan en tiendas de conveniencias y 5 en tienditas.
Rivera consideró que al ser ambigua y poco difundida por las autoridades, la reglamentación dejará a los comercios más pequeños expuestos a actos de corrupción por parte de inspectores.
«Si vas a un comercio chiquito y a la señora comerciante no le da más que para poner una bolsa de basura abierta, un plástico negro arriba de los cigarros, ya la multaron. No tiene otra opción más que taparlos.
«Si llega el inspector ‘vival’ y quiere hacer un acto de corrupción, va a decir: ‘aquí lo que dice el reglamento es que los guardes en un cajón o un área específica, no tapados», y ahí hace un alegato para clavarte el diente», afirmó el titular de la Anpec.
Detalló que mientras las tiendas de cadena de formato exprés cuentan con entre 400 y 600 metros cuadrados de espacio, las tienditas de barrio disponen de apenas unos 12 metros o hasta menos, por lo que será difícil hacer las adecuaciones para tener la mercancía oculta.
Bajo estas condiciones, para el representante de la Anpec serán los puntos de venta como tiendas departamentales y de conveniencia las que podrán acatar el reglamento.
Por ello, entre las medidas que se impulsarán desde la Asociación, será dar asesoría, hacer un llamado colectivo contra la medida y solicitar amparos individuales y uno colectivo.
«Vamos a promover el tema de llamar al amparo. Los vamos a apoyar con una demanda de amparo debidamente documentada y con asesoría jurídica suficiente y necesaria para que cada comerciante que así lo decida pueda avanzar en presentarla. Y vamos a presentar una demanda de amparo colectiva a nivel nacional», detalló Cuauhtémoc Rivera.
Los amparos son un mecanismo viable para no acatar la reglamentación que se publicó a mediados de diciembre pasado; sin embargo, el reto será que los solicitantes tengan el tiempo y los recursos para realizar los procesos, por lo que se prevé complicado que los más de 700 mil puntos de venta contabilizados lo logren.
«Es un tema para gente que tenga recursos y tiempo. Un juicio de amparo individual promedio puede durar de seis a nueve meses o hasta un año; es engorroso, requiere tiempo. Necesitas ayuda jurídica, dinero y tener la disciplina de llegar hasta las últimas estancias», dijo.
Nallely Soledad Hernandez Perez
Agencia Reforma