El Colegio de Médicos de Zacatecas (CMZ) se unió a la solicitud enviada al diputado federal Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados por parte de la Federación, Asociaciones y Colegios de Médicos de México para que analice el proyecto de dictamen para modificar la Ley General de Salud, en referencia al derecho de objeción de conciencia para los profesionales.
Esto después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inválido el Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, para que establezca los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida, sin poner en riesgo lo derechos humanos de otras personas, en especial a la salud.
En el escrito, los profesionales de la salud plantean que tanto médicos como enfermeras del Sistema de Salud el país necesitan la libertad para “poder ejercer su derecho a la objeción de conciencia” con plena autonomía y excusarse de participar en la prestación de servicios médicos cuando “consideren que se pone en riesgo sus convenciones religiosas, éticas y de conciencia”, siempre respetando los derechos humanos del paciente.
El documento está integrado por dos puntos específicos, en los que se pide se contemple “el retraso o entorpecimiento de lo servicios de salud de manera negligente, bajo la premisa de objeción de conciencia, dará lugar a sanciones de carácter civil, administrativo o inclusión penal, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso y a la determinación que al afecto concluyan las autoridades competentes”.
Los profesionales de la salud señalan que en el ejercicio de su profesión asumen con “la responsabilidad de cumplir con la ley y el actuar de manera íntegra ante los pacientes a nuestro cargo, respetando en todo momento los derechos de los usuarios del sistema de salud”.
Por lo que con la determinación de la SCJN se observa “una reacción de amenaza con sanciones incluso penales, al momento de ejercer nuestra profesión en libertad a nadie se le puede sancionar por ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Rechazamos la criminalización de este ejercicio”.
El segundo punto aborda que la preocupación del gremio se centra en que será “la Secretaría de Salud la que establecerá la autoridad de competencia para determinar la procedencia de la objeción de conciencia, dicha autoridad deberá pronunciarse en un plazo breve y de no hacerlo se considera que opera la negativa ficticia”.
Lo cual va contra la autonomía y libertad de los profesionales de la salud.
