Los abogados de una mujer mexicana, que fue baleada en la cabeza por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, anunciaron el miércoles que presentaron una queja contra el gobierno estadounidense como precursora de una demanda federal.
La queja interpuesta ante la Patrulla Fronteriza por Marisol García Alcántara, que llegó a Estados Unidos poco antes del incidente ocurrido en el verano en Nogales, Arizona, es un paso necesario antes de la presentación de una demanda civil el año próximo en una corte federal de Tucson.
“Quiero saber por qué, por qué me hicieron eso o por qué a mí”, dijo García, de 37 años, en una entrevista la semana pasada en la casa de su familia en las afueras de la Ciudad de México.
“Busco justicia. Quiero una disculpa de esta persona y un apoyo médico y por los medicamentos, porque no puedo trabajar”, señaló.
La bala entró en la cabeza de García encima del ojo izquierdo y fragmentos de la misma permanecen en su cerebro, por lo que corre riesgo de sufrir convulsiones. Dice que un semestre después aún sufre pérdida de memoria, mareos y dolores de cabeza.
Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que supervisa a la Patrulla Fronteriza, dijo que la agencia no podía hacer comentarios porque la investigación interna está en curso. El incidente también será examinado por la Junta Nacional de Revisión del Uso de la Fuerza de la agencia, dijo.
La identidad del agente no ha sido revelada.
El equipo jurídico de García ha dicho que la Patrulla Fronteriza no está en posición de investigar imparcialmente el incidente del 16 de junio, y hace notar que persisten las preocupaciones sobre las unidades de la patrulla conocidas como Critical Incident Teams (Equipos de Incidentes Críticos), que compilan información sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes.
Los detractores las llaman “unidades encubiertas” que podrían obstaculizar investigaciones en torno a si las acciones de los agentes se justificaban o no.
El abogado Eugene Iredale, que representa a García, dice que los equipos son “el equivalente administrativo de un escuadrón anti investigaciones internas diseñado para proteger a la agencia” de responsabilidad.
La Southern Border Communities Coalition, un grupo activista sin fines de lucro, reiteró el miércoles sus exhortaciones a que el Congreso investigue el incidente y a los Critical Incident Teams.
“Este incidente no es único”, dijo el representante demócrata Raul Grijalva, que representa al sur de Arizona y respalda una pesquisa así. “Este es un patrón que es necesario atender”.
La CBP indicó que los Critical Incident Teams no conducen investigaciones, sino que compilan evidencia para otras agencias, en este caso bajo la dirección y supervisión del FBI.
García dijo que las autoridades estadounidenses nunca la entrevistaron sobre el incidente.
“Nadie investigó. Yo regresé a México sin declarar”, dijo.
García dijo que fue a Estados Unidos a visitar a su madre y buscar trabajo para mantener a sus tres hijas.
Poco después de llegar a ese país, ella estaba entre un grupo de personas que iban en una camioneta en la ciudad fronteriza de Nogales, sentada detrás del conductor. Escuchó una sirena, sintió dolor en la cabeza y la vista se le nubló, y acto seguido otras personas en el vehículo se le acercaron para intentar atenderle la herida.
Fue llevada a un hospital cercano y seguidamente en helicóptero a otro en Phoenix, donde fue operada esa misma noche. García dijo que, después de estar dos días en esa ciudad, fue trasladada a un centro de detenciones durante varias semanas antes de ser regresada a México.
El anuncio de la queja fue dado a conocer apenas días después de que Chris Magnus, el jefe de la policía de Tucson, fuera juramentado como comisario de la CBP. Magnus actualizó las políticas sobre el uso de la fuerza e hizo muchos otros cambios durante su tiempo al frente de la policía de Tucson.