CIUDAD DE MÉXICO. Líderes sindicales que se han eternizado en sus cargos en México están posponiendo su validación, pese a que la nueva ley laboral, en el marco del T-MEC, los obliga a democratizar su permanencia antes de abril de 2023.
Hasta ahora, la Secretaría del Trabajo poco o nada ha podido hacer para cumplir la encomienda presidencial de que los trabajadores elijan al líder gremial sin presiones, intimidaciones o sin estatutos a modo.
En el gremio petrolero, el sindicato tiene vacante la Secretaría General desde la renuncia de Carlos Romero Deschamps -en octubre de 2019- para ser investigado por la Fiscal General de la República.
A dos años de la separación del ex senador priista, el liderazgo sigue a cargo del diputado tricolor Manuel Limón, ex tesorero de Romero Deschamps y alfil del investigado por enriquecimiento ilícito.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ha sido renuente para convocar a elecciones, aún con los llamados del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría del Trabajo para democratizar el gremio, incluso con votos vía celular para evitar coacciones, intimidaciones o fraudes.
El Mandatario aseguró en junio pasado que primero serían las elecciones en el sindicato y después la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, lo que no ocurrió.
En el sindicato de ferrocarrileros, las elecciones para elegir a un nuevo dirigente también están pendientes. Su actual líder, Víctor Flores, tiene más de 26 años en el cargo y disidentes advierten que tiene amarrada su dirigencia, debido a candados en los estatutos. En 2018, Flores fue reelecto para encabezar el sindicato hasta 2024.
Pero aun los sindicatos que ya han cumplido el proceso de validación, mantienen a viejos líderes. Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), fue reelecto por cinco años más en pleno semáforo rojo, en elecciones del 30 de junio al 7 de julio de 2020.
Roberto Bravo, abogado laborista, recordó que el Tratado de Comercio entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, obligaron a México a modificar la Ley General del Trabajo para democratizar a los sindicatos.
«Esto quiere decir que debe haber una votación de los trabajadores en donde ellos digan si aceptan o no a sus dirigentes actuales», explicó.
«La Ley General del Trabajo dice que aquellos contratos o líderes que no se hayan legitimado después de cuatro años de haber entrado en vigor (1 de mayo de 2019), motivará que todo contrato sea nulo y los dirigentes también serán declarados inválidos», refirió.
Aunque hay un plazo de legitimación hasta abril de 2023, advirtió, diversos sindicatos la han estado aplazando.
Roberto Reyes, también abogado laborista, advirtió que hay sindicatos con líderes añejos que recurren a la manipulación para continuar al frente de sus gremios.
«Falta difundir de una manera digerible los derechos que han alcanzado los trabajadores con la reforma laboral», señaló.
Nota de Benito Jiménez