El decreto del presidente López Obrador para declarar como de seguridad nacional todas sus obras buscan crear «un estado de excepción» o dar una carta en blanco que le permita eludir la ley, aseguraron abogados especialistas en derecho administrativo.
El doctor en Derecho José Roldán Xopa y el Maestro Darío Ángeles advirtieron la gravedad de que todas las obras sean consideradas de seguridad nacional con lo que se impedirá el acceso a la información, pero dijeron que aún es más grave la instrucción para que todas las dependencias y entidades públicas otorguen autorización provisionales en máximo cinco días y con duración de un año para iniciar los proyectos y obras, aun sin contar con los requisitos.
«Esto busca un régimen de excepción en los trámites administrativos, porque toda obra requiere licencias, permisos y autorización más o menos complicados, más o menos largos, más o menos técnicos, pero con el acuerdo lo que se busca es pasárselos por alto y ordena dar autorizaciones en menos de cinco días», afirmó Darío Ángeles.
«Es dar una carta en blanco para las obras del Gobierno», subrayó.
El profesor en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey ejemplificó que obras como el Tren Maya requieren un estudio de impacto ambiental, consultas entre las comunidades y la publicación de los acuerdos para recibir inconformidades, pero todo quedaría suspendido con la autorización provisional.
«Que algo sea de seguridad nacional significa que tiene un tratamiento diferenciado especial y excepcional», dijo José Roldán Xopa, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
«Lo que hace el Presidente es que establece un trato especial para sus autorizaciones y para el inicio de obras», añadió.
Los dos abogados coincidieron en que, al ser consideradas como obras de seguridad nacional e interés público, toda la información podrá ser secreta o reservada, los contratos se podrían adjudicar de manera directa y los jueces podrían negar suspensiones cuando hay amparos.
Roldán Xopa y Darío Ángeles afirmaron que la determinación para pasar por alto los requisitos para autorizar una obra no están previstos en la ley, por lo que este acuerdo o decreto es fácilmente impugnable incluso a través de un amparo, aunque no descartaron que el Presidente haya dado la orden para que se entreguen la mayor cantidad de permisos en tanto se resuelve la validez de su decreto.
Por su parte, Karla Kalycho, abogada del Colectivo Los Tres Barrios de Campeche, que evitaron el desalojo de pobladores de Campeche por donde pasará el Tren Maya, resaltó la gravedad de que, al ser consideradas obras de seguridad nacional, los jueces nieguen la suspensión provisional de las obras en tanto se resuelve el fondo del asunto.
«Hay muchos casos donde la suspensión es necesaria, por ejemplo, en los de desalojos de la ciudad de Campeche donde afortunadamente se logró la reubicación de las vías. Ahí una herramienta importante que sirvió fue la suspensión, no hubiera habido suspensión. muy probablemente no se hubiesen modificado las vías y las personas hubiesen sido desalojadas y obligadas a salirse de sus casas», señaló.