ZACATECAS.- Ante las recientes declaraciones de la Comisión de Recepción respecto al proceso de entrega-recepción 2016-2021, la administración estatal, encabezada por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, realizó varias aclaraciones.
Con relación a la declaración en la que se sugiere de desaparición, robo o mal uso de 23 obras de arte, el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde, realizó un ejercicio de inventario y resguardo del patrimonio cultural del Estado.
La carga de anexos en la Plataforma de entrega-recepción fue revisada por personal y directivos de cada museo, por la Dirección del Sistema Estatal de Museos y por el Órgano Interno de Control del IZC, además de que fueron validados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Las piezas que se encontraban en préstamo en las distintas dependencias de gobierno fueron reintegradas para su concentración y resguardo en el Depósito de Bienes Culturales, y su localización y estado de conservación han sido verificados por parte de la Comisión de Recepción sin que se señalaran faltantes.
La verificación de los inventarios en los distintos museos fue satisfactoria y tampoco se señalaron faltantes o anomalías que signifiquen una afectación al patrimonio del Estado.
Por otro lado, sobre la obra sin nombre del artista Rafael Coronel Arroyo, de la que se dijo que no existía registro, se aclararon que si bien está en resguardo del propio IZC, no es de su propiedad, sino de la familia Coronel, de la que se tiene el consentimiento para su posesión temporal.
En lo que respecta a la falta de un cocodrilo del zoológico del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), el ejemplar está en su lugar de resguardo.
Sobre la información del proceso de entrega-recepción institucional, mencionaron que toda está debidamente relacionada y solventada en términos de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas y no existen omisiones o información faltante.
Referente a las consultas al expediente técnico de la entrega-recepción de 2016, aclararon que el gobierno no es responsable de información entregada en aquel momento, por lo que no constituye un documento fidedigno para el cruce de información.