Ante la exigencia de directivos de Newmont–Goldcorp, se aplicará la ley para expulsar a quienes tienen bloqueada la Mina Peñasquito, informó el gobernador Alejandro Tello Cristerna, al tiempo que advirtió que existe una orden judicial de desalojo.
Tello Cristerna dijo: “la empresa le exige al estado que se ejecute la ley y está en todo su derecho. Cuando estuve con la gente le dije que no habría represión, que nunca habría un retiro al margen de la ley; sin embargo, están en riesgo miles de empleos”.
En conferencia de prensa, el mandatario le apostó al diálogo, tras advertir que están en peligro miles de empleos, además de que los gobiernos federal y estatal se circunscriben al ámbito de la ley, que debe aplicarse.
“La empresa no puede estar sujeta a vaivenes de un día abrir y otro cerrar; la trasnacional es una de las mineras más grandes del mundo y no puede enviar mensajes negativos a los inversionistas debido a estas prácticas”.
Asimismo, explicó que hay denuncias en el ámbito local, que “son expedientes aún sin judicializar y que tomarán su curso”; no obstante, aclaró que se trata de delitos menores contra el comercio y amenazas.
Comentó que entabló comunicación con el fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, quien le informó que entre el lunes y el martes de la próxima semana se judicializarán dichas carpetas, por lo que el gobernador reconoció que fue “un plazo tardío”.
En lo federal, precisó que, aunque desconoce qué delitos tipifican, existen denuncias que llevarían a prisión a quienes fueron señalados.
La empresa puso como fecha límite el 4 de noviembre, pues necesitan reiniciar operaciones para sentarse a la mesa de negociación; pese a esto, Newmont–Goldcorp externó la posibilidad de suspender labores por tiempo indefinido.
De igual manera, la compañía consideró a las acciones de bloqueo una extorsión, por lo que, de no levantarse el paro, decidirían suspender definitivamente.
El mandatario explicó que el problema es entre la empresa y un proveedor, aunque admitió que hay falta de agua y afectación a algunas parcelas, pero “todo dentro del ámbito de la ley”.
Por lo tanto, ante la solicitud de una indemnización por falta de agua, Tello sostuvo que “sí hay agua, se las provee la propia mina; si los mantos acuíferos han disminuido, excavan a mayor profundidad”.
“La gente solicita que no cierren la mina y, para continuar con las mesas de negociación, gobierno del estado debe brindar condiciones de seguridad, ya que no queremos que este conflicto se convierta en una confrontación, que se desate la violencia ni mucho menos que haya pérdidas humanas”, finalizó.
Peralta Saucedo, con esperanzas
Por su parte, Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación, expuso que espera que, con el llamado del gobernador Alejandro Tello Cristerna y de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), “se reactiven las operaciones en la Mina Peñasquito y no continúe la afectación a terceros”.
Aclaró que, por parte del gobierno federal, continuará la mesa de diálogo permanente y, “si las circunstancias del caso lo ameritan, también la Federación tendrá que reaccionar en caso de que hubiera alguna denuncia o se haya cometido algún delito”.
En este contexto, advirtió: “bajo ninguna circunstancia caeremos en actos de extorsión, ni seremos sujetos a ningún tipo de chantaje; se debe tener una visión distinta a la hora de expresarse, pues todos tienen derecho a manifestarse sin afectar a los demás”.
Destacó que los manifestantes deben hacerse responsables de sus decisiones, pues se observó que, al parecer, tienen “instrucciones con intereses políticos o de otra índole”, porque de los temas establecidos en los 19 puntos, 14 se cumplieron.
“Y si por cuatro puntos se levantaron de la mesa e insisten en un bloqueo, ya habla de otra intención que no tiene que ver con los acuerdos”, aseveró.
Señaló que todos los temas son discutibles, “pero el conflicto no causa certeza para los inversionistas, para el pueblo de Mazapil y los trabajadores”.
Finalmente, dijo que los directivos de la transnacional manifestaron su intención de cerrar definitivamente la mina.