CIUDAD DE MÉXICO.- El Congreso de Quintana Roo aprobó este jueves por unanimidad la creación de la Agencia de Proyectos Estratégicos para recuperar los predios malbaratados por el ex Gobernador Roberto Borge a familiares y amigos.
La Agencia sustituye al Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE) que dirigió Claudia Romanillos Villanueva, quien es buscada por la PGR.
Borge está involucrado en operaciones inmobiliarias ilícitas, además de la compraventa, a precios subvaluados, en las que están vinculados su madre, María Rosa Yolanda Angulo Castilla; Édgar Manuel Méndez Montoya, empresario metalúrgico; Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de Corpogas y socio de gasolineras en Cancún, y Jorge Luis Cárdenas Bazán.
Entre los predios vendidos a familiares y amigos de Borge se encuentran 60 por ciento de las reservas naturales de Puerto Morelos y el 52 por ciento de las de Playa del Carmen, así como el 36 por ciento de las localizadas en Cancún.
El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, dijo que la desaparición del IPAE responde a una necesidad de modernizar la administración, pero sobre todo de recuperar lo que fue sustraído “con trapacerías en el estado”.
“Estamos cuidando mucho en esta reforma que aprobamos que todos los asuntos con los predios que fueron mal vendidos por el anterior gobierno, quede protegido el trámite legal para poderlos recuperar. Se establece en esta nueva ley que haya atribuciones para poder recuperar lo que se remató”, indicó a REFORMA el legislador.
“Un elemento fundamental que incluimos es el cuidado que debe haber y los procedimientos legales que deben de seguirse para la enajenación de un bien público del estado. No queremos que malos gobernantes puedan incurrir en estas acciones”, expresó.
En agosto de 2016, el organismo no gubernamental Somos Tus Ojos solicitó un juicio político contra el ex Mandatario por la venta a precios subvaluados de por lo menos 44 predios patrimonio del Estado, causando un quebranto al erario de mil 99 millones 492 mil 370 pesos.
“El cálculo del quebranto al erario se hizo con base en las subsecuentes ventas de los predios a precios comerciales, así como considerando las hipotecas o garantías prendarias que recayeron sobre los mismos y que fueron otorgados por la banca comercial, luego de su avalúo real”, señaló la organización.