México.- El problema de corrupción podría afectar las expectativas e impactos de las reformas estructurales, por lo que se requiere que haya un sistema de justicia eficiente, mayor transparencia y rendición de cuentas y una política anticorrupción, aseveró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió que se castigue a quienes comentan actos de corrupción, sin importar su cargo público, y establecer un programa de incentivos para que las personas y empresas denuncien este delito sin temor.
Para el CEESP, la corrupción, que se fortalece por la falta de rendición de cuentas y de transparencia, representa un problema serio para México, porque tiene un efecto negativo en el ritmo de crecimiento de la economía al elevar considerablemente los costos, lo que tiende a inhibir la inversión y la competitividad, entre otros.
Refiere que de acuerdo con cifras del Banco Mundial, la corrupción en México representa cerca de 9.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que un estudio de la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor la ubica en 120 mil millones de dólares por año, lo que representa 20 por ciento del PIB.
Considera que la impunidad es uno de los principales elementos que contribuyen a que aumente este fenómeno, puesto que en México poco se castiga a quienes cometen actos delictivos aunque haya pruebas para hacerlo.
“La expectativa sobre el alcance de las reformas estructurales es favorable, aunque ésta podría debilitarse si no se complementa con un sistema judicial eficiente que al agilizar sus funciones pueda vulnerar la corrupción”, advierte en su nota semanal.
Para fortalecer los efectos que las reformas estructurales pueden generar en el ritmo de crecimiento del país, es fundamental apoyarlas con políticas que apunten hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas, pues solo así será posible fortalecer las instituciones encargadas de crear y hacer cumplir las leyes.
Agrega que es indispensable sancionar a quienes cometan actos de corrupción, sin importar el nivel que tengan dentro de la estructura gubernamental, y al mismo tiempo sería prudente un programa de incentivos para las personas y empresas que denuncien los actos de corrupción.
De esta manera se podría reducir el temor a denunciar sin la preocupación de ser castigado por cumplir la ley, como sucede en muchos casos.
“No hay duda de que las reformas económicas, junto con sus leyes secundarias son fundamentales, pero para que tengan un éxito completo se requiere fortalecer la certeza jurídica, es decir, erradicar la corrupción e impunidad”, señala.
Para que una verdadera política anticorrupción tenga éxito, no solo debe ser un tema mediático, sino que son necesarias acciones claras y reales que demuestren un verdadero combate a la corrupción y a la impunidad, pero sobre todo, requiere de una actitud de compromiso y liderazgo del Ejecutivo.