México tiene en 450 cárceles a más de 200,000 hombres y mujeres, 45% de los cuales no ha recibido sentencia, y mantenerlos detenidos cuesta caro: 263 veces más que sostener a un estudiante de posgrado, afirma Jorge Manrique, rector del Colegio de Juristas.
Estudios comparativos de la Secretaría de Gobernación y de The Criminal Justice Institute indican que la inversión destinada a programas de rehabilitación es prácticamente inexistente y cada vez empeora.
Más de 80% del presupuesto de los centros de readaptación social se destina a pagar sueldos de funcionarios y gastos fijos diversos, y se castigan rubros prioritarios “como programas de reinserción social”, de acuerdo con el rector del Colegio de Juristas
En este escenario, el sistema penitenciario “es un fracaso, porque existen hacinamientos, autogobiernos y carencia de un programa homogéneo de vigilancia”.
Unos de los principales problemas que enfrentan los penales son creciente ingreso de personas acusadas por delitos federales, muchas de las cuales esperan meses para ser procesados en cárceles municipales y estatales, reos que manejan más dinero que los presos por delitos comunes, son difíciles de controlar y propician el tráfico de drogas.
La manutención de los casi 100,000 internos en México que no han recibido sentencia asciende a 4,400 millones de pesos anuales, a pesar de que la mayoría de los detenidos cometió delitos menores a los 6,000 pesos y en el caso de narcomenudeo obtuvieron ganancias de menos de 1,600 pesos.
De acuerdo con el jurista, postergar las sentencias representa costos muy altos a la sociedad, pues cada recluso cuesta al erario 130 pesos diarios, según las cifras más conservadoras.