MÉXICO, DF.- El Estado de Guerrero y el Municipio de Acapulco son la muestra de cómo legalizar un desastre urbano, coincidieron ayer especialistas y autoridades federales.
Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), aseguró que en ese estado se cuenta con instrumentos para regular la urbanización, como el Plan de Desarrollo Urbano y el Atlas de Riesgo, pero que éstos no impidieron los asentamientos irregulares en zonas vulnerables.
“Es una historia del desastre legalizado, una historia que legaliza la incorrección, pues Guerrero tiene desde 1998 un Plan de Desarrollo Urbano que modificaron en 2001, producto de un desastre natural como fue el huracán Paulina.
“Entonces, lo que era una obligación se volvió potestativo. Hicieron uso de las facultades que tenían y un artículo que exigía la no construcción se cambió porque sólo se aceptaría cuando fuera de evidente beneficio para la metrópoli”, describió Ramírez Marín, durante el foro “Reforma Urbana, urgencia de seguridad nacional”.
A través de ese ajuste, abundó el funcionario, se promovió la construcción de 98 desarrollos regulares y una cantidad que está por cuantificarse de asentamientos irregulares.
Joaquín Álvarez Ordóñez, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, consideró que detrás del incumplimiento en el Plan de Desarrollo Urbano de Acapulco privó la corrupción y el desconocimiento.
“Efectivamente existen todos los programas de urbanización, un programa metropolitano de Acapulco impecablemente hecho, incluso lo autorizó el Cabildo. ¿Pero qué pasó? No se cumplió absolutamente nada de lo que dice ahí.
“Se ve que el Municipio cambió los usos de suelo o por una forma económica les autorizó las licencias y eso tiene que ver con dos cosas: con falta de conocimientos y con corrupción”, manifestó.
Después del paso de la tormenta tropical “Manuel”, las autoridades federales levantaron un censo de afectaciones que arrojó 10 mil 480 viviendas dañadas en Guerrero, 2 mil 500 de las cuales deberán ser reubicadas y más de 5 mil deberán ser reconstruidas en su totalidad.
Además, se identificaron mil 480 asentamientos localizados a menos de 250 metros de ríos, lo que potencialmente pone en riesgo a 50 mil familias.