México.- La Comisión Técnica del Senado que analiza la iniciativa preferente de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental aprobó por unanimidad el informe sobre ese proyecto, que envió el Ejecutivo federal el pasado 1 de septiembre.
Al concluir la reunión de trabajo de esta comisión, la presidenta de la misma, Blanca Alcalá, informó que mañana entregarán dicho informe a la Mesa Directiva del Senado de la República, para que decidan el procedimiento que seguirá el documento.
De acuerdo con la Constitución, el presidente de la República podrá enviar cada inicio de periodo legislativo dos iniciativas de ley preferentes, que deberán ser analizadas por las Cámaras que integran el Congreso, en un plazo de 30 días naturales, y de no dictaminarse en ese tiempo pasarán al pleno para ser votadas a favor o en contra.
De acuerdo con este precepto, los senadores cumplieron en tiempo y forma con el análisis y propuestas a esta iniciativa, por lo que mañana mismo o el jueves 27, el pleno senatorial podría discutir y votar esta iniciativa con proyecto de decreto.
Dicha propuesta tiene como objetivo hacer más transparente y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno.
Plantea por primera vez que los gobiernos estatales y municipales estén obligados a transparentar en su totalidad la información presupuestaria y contable, incluyendo su deuda pública.
De validarse la iniciativa, será enviada a la Cámara de Diputados para su revisión, y los estados y municipios estarán obligados a precisar cuál es su gasto operativo, incluso cuánto se gastan en comunicación social, remuneraciones (considerando bonos y estímulos) y pensiones.
Las principales características de la contabilidad gubernamental son el control y la confiabilidad en el uso de los recursos financieros de la federación, estados y municipios, así como la uniformidad en la información financiera para poder comparar las distintas entidades y municipios.
Además de mostrar niveles reales de endeudamiento y respaldo del gasto público con documentos comprobatorios para prevenir desvíos de recursos públicos, transparentar pagos directos en forma electrónica para evitar transacciones en efectivo, controles en el gasto que se entrega a estados y municipios y evaluación de resultados de programas.