México.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideró como una oportunidad histórica la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que “las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos castrenses sean investigadas y sancionadas por instancias civiles”.
Recordó que el pasado día 6 la Corte inició el análisis en el marco del amparo de revisión 133/2012, relacionado con el caso de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua presuntamente asesinado por elementos del Ejército en 2009, en el estado de Guerrero.
“La CDHDF destaca la relevancia de que la discusión se lleve a cabo tomando como referencia los más altos estándares de protección de la persona humana, aceptados por el Estado mexicano por medio de su Constitución, los instrumentos internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos de que ha sido parte”, dijo en un comunicado.
Asentó que en cuatro ocasiones el Estado mexicano ha sido parte de litigios en esa Corte, instancia que fijó límites que la jurisdicción militar en el país debe tener en el debido proceso, de acuerdo con estándares establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Recordó que en el caso Rosendo Cantú y otros, la Corte internacional fijó en su jurisprudencia que “tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”.
En 2011, abundó, la Suprema Corte tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el tema, dentro del expediente Varios 912/2010, relativo a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla.
“En esa ocasión la SCJN fue clara al establecer la obligatoriedad de las sentencias de la CIDH donde México ha sido parte, incluyendo sus consideraciones y criterios”, refirió.
Así, al establecerse como estándar de protección que las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos castrenses sean investigadas y juzgadas por el orden civil, “se podrá asegurar la independencia e imparcialidad en los procesos de acceso a la justicia para las víctimas y en la sanción de los responsables”.
Por tanto, el organismo exhortó al máximo Tribunal para que “no deje perder la oportunidad de contribuir al fortalecimiento de un sistema judicial efectivo para la protección de las personas”.