México.- El sistema penitenciario mexicano, con un registro de 224 mil 246 personas a finales del año pasado, presenta una sobrepoblación de más de 40 mil internos, es decir, 21.7 por ciento, sostuvo Emma Mendoza Bremauntz, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Sin embargo, consideró que la solución no es construir más cárceles, porque son una bomba por injusticias, abusos, y porque la mayor parte del personal no cuenta con la preparación suficiente. Además, la corrupción se presenta con facilidad y se convierte en caldo de cultivo para la actividad delictiva.
Por ello, se pronunció porque los legisladores entiendan que son los jueces quienes tienen que decidir, y no ellos de manera vertical, con una ley que obligue a los impartidores de justicia a someterse a esa reglamentación.
Es indispensable, admitió, “reformar la norma, pero eso nadie quiere entenderlo, porque es un ámbito que no otorga votos, pues si se sigue con la estrategia de enviar gente a las cárceles, será necesario cerrar ciudades, para que todos estén presos”.
En los seis u ocho centros más grandes del país se concentran las mayores cantidades de internos, lo que propicia hacinamiento, enfermedades e infecciones, entre otros.
De hecho, algunas entidades federativas tienen estos reductos con una sobrepoblación de hasta 200 por ciento, y otras del 80 por ciento.
No obstante, aquéllas que registran niveles inferiores ya no se consideran sobrepobladas, aunque las condiciones de vida no son las adecuadas.
Las que tienen un mayor número de internos se encuentran en el Estado de México, Baja California, Jalisco, Sonora, Distrito Federal y Puebla.
“Los centros de readaptación social por sí mismos son terribles, pero empeoran si los internos viven amontonados, sin buen alimento, sin oportunidades de vida, y con la idea social de que los delincuentes no merecen nada, como si no fueran seres humanos y carecieran de derechos”, destacó.
Pero el problema no sólo radica en la sobrepoblación, sino en ser consecuencia de una política penitenciaria equivocada, que pretende encerrar a todos aún por delitos “leves”.
La ex directora del Centro Femenil de Rehabilitación Social para procesadas y sentenciadas de Tepepan, mencionó que México tiene entre 415 y 430 cárceles de diversos tipos, desde las federales de máxima seguridad, hasta las más pequeñas, municipales, y las estatales, para la ejecución de las penas de orden común.
En particular, señaló, hasta los últimos años del siglo pasado en el territorio sólo había tres de máxima seguridad, y antes de que se modificara el estatuto político del Distrito Federal, albergaban presos federales y del orden común. Sin embargo, recientemente se han incrementado y hoy se cuenta con 10 de carácter federal.
Ante esta situación, la opción es emplear los sustitutivos de la pena que están previstos en la ley, es decir, que efectivamente se vigile que los sentenciados cumplan con sus sanciones, que se les den las conferencias, que trabajen, y que haya un área que inspeccione el cumplimiento.