Zacatecas, Zac.- La ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, regresó temporalmente a Zacatecas para reiterar las declaraciones hechas un día antes en la Ciudad de México, y a justificarse sobre las presuntas irregularidades administrativas y financieras dadas a conocer por el contralor del estado, Guillermo Huizar Carranza.
García Medina insistió en ver “un linchamiento político e incapacidad de la actual administración para atender los problemas centrales de la entidad”, como la seguridad.
Luego, al iniciar la sesión de preguntas y respuestas y ser cuestionada por NTR Medios de Comunicación si estaría dispuesta a responder, en virtud de que durante tres años se negó sistemáticamente a ello, la ex mandataria afirmó: “Claro, es momento de responder… le voy a contestar todas las preguntas”.
La primera justificación fue con relación a los préstamos que se otorgaron a personas físicas y morales, a lo largo de su administración, por alrededor de 363 millones de pesos.
La ex mandataria aseguró que estos fueron otorgados en el marco de la ley. “Yo no inauguré los préstamos, desde el sexenio anterior existían y se trata de un mecanismo legal”.
Y ejemplificó que entre los otorgados están 58.9 millones de pesos para “salvar a los municipios”, y otros 48.5 millones de pesos a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Además, con los recursos provenientes de un fondo -del que no especificó a qué partida presupuestal pertenece- “se apoyó al Fondo Plata”.
También dijo que “le prestamos 2 millones de pesos a Pablo Reimers para salvar dos mil empleos y sí, fue una decisión política”.
Además de 10 millones de pesos “al ingeniero López de Lara, quien construyó el edificio de la Procuraduría General de Justicia; le adeudábamos 30 millones, entonces decidí prestarle ese dinero en lo que teníamos el dinero de la Federación para cubrir el adeudo que teníamos con él”.
También justificó el dinero prestado a Cruz Cárdenas quien, dijo, firmó un pagaré como subsecretario de turismo, “para contratar a los artistas que se presentarían durante la Feria Nacional de Zacatecas; luego de las festividades lo recuperamos”.
Y consideró que el hecho de que se dieran a conocer los nombres de estas personas “en varios medios de comunicación”, violenta el estado de derecho en Zacatecas.
A pregunta expresa de NTR Medios de Comunicación sobre quién encabezaba este “linchamiento político o cacería de brujas en su contra”, si se trataba del gobierno del estado o del Partido Revolucionario Institucional (PRI), García Medina respondió:
“El poder que está en el gobierno tiene unas siglas; pero independientemente de las siglas es el gobernador (Miguel Alonso Reyes) quien encabeza el gobierno”.
Además insistió que se siente “escandalizada por el uso político y no técnico que le ha dado la Contraloría del Estado a la información entregada a los medios de comunicación”, porque no se ha permitido a sus ex colaboradores presentar pruebas de desahogo en su favor.
Se le preguntó también cómo calificaría la transparencia en su gobierno, en una escala del 1 al 10, y justificó el hecho de no calificarla “porque sería parcial, además para eso están las instituciones como la Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior de la Federación”, aunque sí dijo que sería una calificación “muy alta”.
Empero, se negó a afirmar categóricamente si durante su gobierno no había existido corrupción, “mi convicción fue que si hubo actos indebidos, los sancioné, e inhabilité funcionarios”.
Además reiteró su justificación respecto al préstamo solicitado a Banamex por 300 millones de pesos. Aceptó que el compromiso del gobierno del estado era cubrirlo en su totalidad el 25 de agosto, “pero no llegaron los recursos económicos para realizar el pago”, por lo que dicho compromiso no se cumplió.
“Nosotros pagamos un tercio del préstamo, pero hubo incapacidad de la actual administración de negociar los plazos con el banco y por eso se cayó la calificación crediticia del estado”, indicó.
Finalmente insistió en que la información hecha pública por la Contraloría del Estado en relación a malos manejos del erario durante su administración, “se trata, no sólo de un linchamiento político, sino de la incapacidad de no poder negociar y de querer generar una cortina de humo para ocultar a la población los problemas centrales”.