Apoyo condicionado
Se ha lanzado una propuesta al aire, 300 millones de pesos de gobierno del estado para la UAZ, la condición es la compra de prestaciones al personal jubilado. Suena bien, pero analicemos con detenimiento.
Veamos, parte del problema de la UAZ es que hay un presupuesto que se denomina “irreductible”, el que se incrementa cada año, por lo general muy poco casi siempre en torno a la inflación. Aunque se incrementa la matrícula o los programas, el irreductible no se aumenta.
Los 700 millones que solicita Rectoría son para cerrar el año, para cumplir con las obligaciones ya generadas, es decir, son sueldos, salarios y prestaciones ya devengados, mientras no se incremente el presupuesto irreductible de la UAZ, siempre va a seguir faltando dinero para cerrar el año.
Gobierno ahora anuncia 300 millones, pero no son para que la Universidad los use para cerrar el año, sino para comprar prestaciones de quienes ya están jubilados, lo que no se dice es que esos 300 millones no ayudan a cerrar el año, porque esos 700 millones igual se tienen que pagar porque, como ya se dijo, son prestaciones devengadas.
Ahora, ¿cuáles son las reglas para entregar ese recurso? ¿Por qué el rector aceptó sin siquiera consultarlo con los directamente involucrados? ¿Qué condiciones hay para que la UAZ pueda recibir ese recurso? Y, lo más importante ¿Cuándo se recibiría?
Esas preguntas requieren respuesta, porque no se trata de firmarle un cheque en blanco a gobierno del estado a cambio de 300 millones porque aún la UAZ debe tener autonomía.
Un verdadero apoyo económico a la UAZ implicaría incrementar el irreductible, o bien, entregarle a la institución el 10 por ciento del impuesto que la ciudadanía paga y que no se otorga, cualquiera de esas dos medidas apoyaría verdaderamente a la UAZ para evitar que cada fin de año se presenten estas mismas situaciones.
Ante los comentarios infundados del gobierno del estado sobre que la UAZ, a su parecer, es un barril sin fondo, son infundados, en primer lugar porque no se puede generalizar, muchos universitarios ingresamos a laborar a la Universidad bajo las reglas establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, ante una necesidad institucional con una vacante declarada, la función social de la Universidad, en las aulas, laboratorios, espacios académicos y culturales se justifica plenamente y, en ocasiones, hasta se han cubierto solicitudes o demandas de gobierno de crear programas sin incrementar el presupuesto, lo que abona a la crisis que ahora se vive.
Hay cosas que revisar en la Universidad, claro que las hay, la nómina de funcionarios, los cálculos de prestaciones de funcionarios muy por encima de lo establecido en el Anexo de ejecución, la indebida paridad entre personal administrativo y docente, que no debería suceder, eso sí se debe revisar, y corregir, pero no se puede andar difundiendo un discurso tan negativo en contra de una institución que ha respondido a la demanda social de formar profesionalmente jóvenes, de brindar calidad educativa a un bajo costo, de recibir y atender jóvenes zacatecanos y de otros estados para formarlos profesionalmente.
Como universitarios debemos exigir que a la Universidad se le otorgue el porcentaje de aportación que el gobierno del estado ha dejado de otorgar, pero también debemos exigir que la Rectoría revise y corrija de raíz todas las conductas violatorias a nuestra normatividad que se han realizado a lo largo de muchas administraciones.