MADRID. Naciones Unidas estima que unas 5.700 personas han muerto en 2026 como consecuencia de la epidemia de violencia criminal que asola Haití especialmente desde el asesinato del ex presidente Jovenel Moise en 2021, el detonante de una ofensiva de las mafias que acabó desarbolando a las fuerzas de seguridad en buena parte de la capital, Puerto Príncipe, y provincias cruciales para el desarrollo económico del empobrecido país, como Artibonito.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha subrayado este viernes desde Ginebra el periodo especialmente crítico que lleva atravesando el país durante el último lustro y lamentado la ineficacia de las medidas internacionales puestas en marcha para contener a las bandas criminales, un enemigo que no solo «se ha adaptado» a estas contingencias, sino que «se está expandiendo, reaparece en nuevas zonas, y se rearma constantemente».
Las operaciones de la llamada Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) que actúa bajo el mandato del Consejo de Seguridad son insuficientes a tenor de masacres como la ocurridas en las últimas semanas en Gressier o, sobre todo, la ocurrida a finales de agosto en en Kenscoff, donde la pandilla liderada por el temible gángster Johnson André, alias ‘Izo 2’, asesinó a 47 personas y secuestró a otro medio centenar.
Además de los 5.700 muertos que ha documentado hasta el 11 de septiembre, la oficina de Turk ha avisado de la gravísima ola de violencia sexual que acompaña a los ataques de las mafias. «Más de un millar de mujeres y niñas han sido violadas y las cifras reales, probablemente, son mucho más altas», ha dicho el Alto Comisionado.
Naciones Unidas estima además que los niños conforman «entre el 30 y el 50 por ciento» de las pandillas, a las que se incorporan o bien por la fuerza o bien de manera voluntaria porque «para muchos, unirse a una pandilla puede ser la única forma de sobrevivir».
Los niños «son explotados, traficados y abusados, mientras que los mecanismos para prevenir esta situación» y reintegrarlos a la sociedad «siguen siendo lamentablemente inadecuados», ha lamentado Turk antes de denunciar las «condiciones inhumanas y degradantes» de las abarrotadas cárceles haitianas que, de media, triplican el máximo de prisioneros admisible y donde la violencia (tanto entre los presos como a manos de los guardias) está a la orden del día: solo este año, al menos 125 personas murieron mientras estaban detenidas.
Dado que este «caos tiene raíces profundas y entrelazadas, alimentadas por la codicia y la impunidad, tanto dentro como fuera de Haití», Turk ha insistido por enésima vez en que hace falta «un enfoque integral que vaya más allá de la seguridad» dados los vínculos que los líderes de las pandillas mantienen con «un puñado de poderosos que están explotando y perpetuando los agravios de la gente y la debilidad de las instituciones del Estado para perseguir sus propios intereses».
«Para salvar vidas y restablecer el orden, se debe poner fin al continuo flujo ilícito de armas y municiones hacia Haití, y es esencial que el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad se respete plenamente y se aplique de manera eficaz», ha añadido Turk.
El Alto Comisionado ha pedido a las autoridades que refuercen el estado de Derecho y el sistema de justicia «para poner fin a la impunidad y descongestionar las prisiones» porque es «primordial que se garanticen unas condiciones humanas de detención, especialmente a medida que la Fuerza de Supresión de Pandillas intensifica sus operaciones».