ZACATECAS. Con el objetivo de establecer criterios más claros para la formalización de actos jurídicos relacionados con la propiedad ejidal y comunal, este jueves se realizó la presentación del Protocolo Orientador para Actos Jurídico-Agrarios con Participación de Notarios Públicos conforme a la Ley Agraria.
El encuentro, celebrado en el auditorio del Poder Judicial del estado, reunió a representantes de tribunales agrarios, del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, del Colegio de Notarios de Zacatecas y autoridades del Registro Agrario Nacional (RAN) y de la Procuraduría Agraria, quienes abordaron los retos que enfrentan ejidatarios, comuneros y sus familias al momento de formalizar actos relacionados con sus derechos sobre la tierra.
Durante su participación, la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, Claudia Dinorah Velázquez González, explicó que el protocolo es resultado de un ejercicio de colaboración entre instituciones, el cual, precisó, no sustituye las disposiciones de la Ley Agraria ni pretende imponer fórmulas a la función notarial.
“Este protocolo no sustituye a la ley ni pretende imponer fórmulas a la función notarial, su propósito es esencialmente ofrecer una guía y herramienta práctica que, desde la colaboración institucional, contribuya a la adecuada formalización de los actos y procedimientos agrarios que requieren intervención notarial”, declaró.
El presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro, destacó que la función notarial tiene un carácter preventivo, por lo que la intervención de los fedatarios puede contribuir a reducir errores y evitar que determinados actos deriven posteriormente en conflictos familiares o comunitarios.
Explicó que los actos relacionados con derechos ejidales y comunales requieren, además del conocimiento técnico, una comprensión de las características de la propiedad social y de las competencias de las autoridades agrarias.
“Queremos que el notariado conozca con precisión cuándo y cómo debe intervenir, queremos unificar criterios y buenas prácticas, queremos reducir errores, evitar actos que posteriormente puedan generar conflictos y queremos fortalecer la certeza jurídica de quienes viven y trabajan en el campo mexicano”.
Vargas Navarro también planteó que el protocolo debe convertirse en una herramienta de consulta y capacitación permanente para los notarios, en lugar de permanecer únicamente como una publicación.
Entre los temas señalados se incluyó la necesidad de incorporar una perspectiva de igualdad en los actos agrarios, particularmente ante los obstáculos que históricamente han enfrentado las mujeres rurales para acceder a la propiedad y a los derechos sucesorios sobre la tierra.
Por su parte, Jaime Arturo Casas Madero, presidente del Colegio de Notarios de Zacatecas, consideró que el documento busca contribuir a la claridad y uniformidad de los principales actos jurídicos agrarios en los que intervienen notarios públicos, mediante modelos de redacción y procedimientos que faciliten su formalización.
“Un instrumento jurídico cumple verdaderamente su propósito cuando sale del escritorio, llega a quien lo necesita y contribuye a resolver situaciones concretas, la orientación adecuada puede hacer una diferencia importante para una persona que busca formalizar un acto relacionado con sus derechos agrarios”.
La presentación estuvo acompañada por paneles en los que participaron magistradas y magistrados de tribunales agrarios y notarios públicos, con temas relacionados con las controversias que llegan a los tribunales agrarios, la enajenación de derechos parcelarios y las particularidades de la sucesión en materia agraria.
El encuentro planteó la necesidad de mantener la coordinación entre los tribunales agrarios, el notariado, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y los gobiernos estatales y municipales, en el entendido de que los asuntos relacionados con la propiedad social requieren de la atención y la participación de las distintas instituciones.
