El gobernador David Monreal Ávila presentó ante la LXV (65) Legislatura la iniciativa de reforma denominada Cero Deuda, con la que pretende impedir que las próximas administraciones recurran al financiamiento como una herramienta ordinaria para cubrir sus necesidades presupuestales.
Enfatizó que “la voluntad no es suficiente, tenemos que acompañarla de instrumentos jurídicos legales”.
La propuesta plantea reformar el artículo 65 de la Constitución Política del Estado, así como las leyes de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera y de Financiamientos, Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del estado de Zacatecas y sus municipios.
El proyecto propone prohibir contratar nueva deuda pública para el estado, los municipios y sus entes públicos, salvo en tres situaciones: desastres naturales, emergencias sanitarias y crisis económicas severas.
La iniciativa fue entregada este viernes por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; la secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, y el coordinador general Jurídico, Armando Ávalos Arellano, a los diputados que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
EVITAR UN “BARRIL SIN FONDO”
Reyes Mugüerza sostuvo que el objetivo es evitar que el presupuesto estatal sea utilizado como una especie de tarjeta de crédito y que los gobiernos dejen compromisos financieros a las administraciones posteriores.
Calificó la iniciativa como de vanguardia en todo el país. “Creemos que los instrumentos que proponen reformar van a ser muy útiles para que ningún gobierno de aquí en adelante, por disposición constitucional, endeude al pueblo de Zacatecas”, enfatizó.
Recordó que según el planteamiento del gobierno estatal, el objetivo es evitar que vuelva a ocurrir lo sucedido durante las últimas tres administraciones, cuando la deuda pasó de 700 millones a más de 7 mil millones de pesos. Afirmó que estos compromisos todavía se pagan y que su costo financiero se extenderá durante los próximos 12 años.
ESCENARIOS Y CRITERIOS
Ruth Angélica Contreras explicó que el problema no se limita al monto pendiente, sino también al tiempo que aún deberá destinarse al pago de los compromisos financieros. Dijo que la deuda de largo plazo mantiene obligaciones hasta 2033, con una proyección de 11 mil millones por erogar durante los próximos años.
Expuso que aún en los tres escenarios de excepción, la contratación de deuda no sería automática. Primero, tendría que demostrarse la existencia de la emergencia y agotar otras fuentes de financiamiento, como recursos disponibles en tesorería, fondos, reservas, ingresos propios, subsidios y aportaciones.
El proyecto también modificaría los criterios para autorizar financiamientos. Contar con capacidad de endeudamiento o encontrarse dentro de un techo financiero ya no sería suficiente para solicitar un crédito. El eventual crédito tendría que justificar su necesidad, demostrar beneficios y acreditar que puede pagarse sin comprometer las finanzas futuras.
Para ello, la propuesta establece seis filtros: necesidad económica, rentabilidad y suficiencia financiera, adicionalidad, sostenibilidad, responsabilidad temporal e intergeneracional y resiliencia. De esta manera, incluso ante una emergencia, el proyecto tendría que superar estos criterios antes de abrir la posibilidad de contratar deuda.
En cuanto a créditos de corto plazo, la iniciativa busca impedir que sean utilizados para cubrir problemas estructurales de las administraciones públicas. Estos financiamientos solo podrían destinarse a cubrir desfases temporales de ingresos y no al pago de nómina, adeudos de ejercicios anteriores, pasivos circulantes o deuda previa.
Además, se plantea prohibir contratar nueva deuda de corto plazo para pagar, refinanciar o reestructurar deuda anterior, así como establecer un periodo de 30 días antes de volver a contratar un financiamiento de este tipo.
Para los proyectos de largo plazo, la propuesta señala que la contratación deberá realizarse preferentemente mediante empresas públicas u organismos creados para prestar servicios públicos o desarrollar proyectos específicos, sin que esta vía permita evadir los controles establecidos para la deuda pública.
La iniciativa fue entregada a la Legislatura, donde deberá ser analizada y seguir el proceso legislativo correspondiente antes de determinarse si las reformas constitucionales y legales son aprobadas.
“LA VOLUNTAD NO ES SUFICIENTE”: DMA
El gobernador David Monreal afirmó que como lo ofreció desde diciembre, la propuesta busca dejar establecido en la ley que “nunca más endeuden al pueblo sin su consentimiento”, al considerar que la voluntad, la conciencia y el conocimiento en el manejo de las finanzas públicas deben estar acompañados de instrumentos jurídicos que impidan repetir prácticas de endeudamiento que comprometan los recursos de las siguientes generaciones.
Subrayó que “la voluntad no es suficiente”, por lo que planteó acompañar la política de Cero Deuda con un marco jurídico que la convierta en una obligación constitucional.
Recordó que su administración recibió una deuda cercana a 12 mil 500 millones de pesos, de la cual se han pagado más de 7 mil millones, mientras permanece un saldo de largo plazo que deberá cubrirse durante los próximos años.
Datos del gobierno estatal señalan que a junio de 2026, el saldo de largo plazo se ubicaba en 6 mil 401 millones de pesos y en la actual administración se habían pagado 7 mil 348 millones de pesos.
El mandatario enfatizó que el costo de las obligaciones financieras heredadas ha representado un impacto considerable para las finanzas públicas. “¿Por qué tienen que ser nuestros hijos quienes hereden estas deudas?”, cuestionó.
Mencionó que el endeudamiento público no solo representa el pago de capital e intereses, sino que puede acompañarse de desorden financiero, corrupción, malos negocios y una reducción de los recursos disponibles para infraestructura, educación, salud, carreteras y desarrollo económico y social.
Destacó que su administración ha demostrado que es posible gobernar sin contratar nueva deuda. Esa política ha sido reportada por esta administración como uno de los pilares de su estrategia de saneamiento financiero.