Porque una cosa es que el Estado tenga responsabilidades y otra muy distinta que tenga que venir personalmente a cumplirlas
A veces los textos desde la primera frase se entienden, a veces no. En el caso del artículo tercero constitucional la primera es: Toda persona tiene derecho a la educación. Si a alguien le sobra tiempo para leer más frases, de ese interesante documento podrá percatarse de que también dice que tendría que ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y, benditos sea dios, laica.
El problema de las frases en las leyes es que nunca resultan suficientes ni suficientemente claras, por más que los legisladores se esfuercen en hacerlas masticables para cualquier persona educada o en proceso de ejercer su irrenunciable derecho a la comprensión lectora. De tal modo que, si en esta soberanísima nación alguien no consiguiese bien educarse, según la misma ley, es porque nomás no quiso.
Frases posteriores dicen que al Estado le corresponden detallitos nimios como la rectoría de la educación. Pero como el Estado propiamente no siente ni piensa, tiene que encarnarse en sus representantes sintientes, pensantes y algunas veces hasta bien educados, también llamados directores, delegados, secretarios, presidentes, gobernadores, rectores y demás categorías de autoridad cuya existencia sirve para quitarle lo abstracto al Estado.
Porque una cosa es que el Estado tenga responsabilidades y otra muy distinta que tenga que venir personalmente a cumplirlas.
En el último escalón de autoridad, el de hasta abajo y con mayor cercanía al educante, están los profesores, encargados de palomear o tachar el intento por ejercer el didáctico e ineludible derecho constitucional.
Cabe mencionar que las autoridades reciben un salario proveniente de los impuestos públicos a cambio de prestarle al Estado más su pensar que su sentir. La mayoría recibe poco para lo que dedica de su vida a enseñar; otros, los menos sacrificados por el cochino dinero, reciben cantidades que causarían envidia a cualquier otra importantísima autoridad por andar encarnando al Estado.
Así, para que el derecho a la educación no quede nomás en abstracto, se concreta en resultados, más cuantificables y calificables que las siempre actualizables frases constitucionales.
Es así que los profes, siempre y cuando no lo impida un paro, huelga, permiso, vacación, incapacidad, comisión, capacitación u alguna importante función sindical, son la mera encarnación de la autoridad en el aula. La vocación es innegable en la inmensa mayoría de los enseñantes; en otros, lo único innegable es su dignísimo salario.
El debate sobre si las calificaciones reflejan realmente el aprovechamiento es añejo e inconcluso. La cosa es que, a partir de que en algunos niveles ya no se debe reprobar educantitos, resulta más difícil justificar cambios de alumnos, profesores, programas e incluso políticas educativas. Afortunadamente para eso están los números: si algo tiene una calificación, por lo menos parece que alguien pudo medirlo.
Y después de aprender a calificar en la escuela y no reprobar en el intento, se continúa calificando todo en la vida: personas, gobiernos, trabajos, vecinos, maratones y hasta películas en Netflix.
Todo puede recibir una calificación, aunque nadie la haya pedido. El problema siempre ha sido saber quién califica a los calificantes y, sobre todo, si lo que califican pasaría la prueba al invertir los papeles. Reprobar al que califica sería, por lo menos, una interesante y esperanzadora clase práctica de civismo.
Afortunadamente, cada vez más personas tienen derecho a la educación, aunque todavía no todas consiguen ejercerlo en las condiciones que promete el artículo tercero. La educación pública debe ser universal, gratuita, inclusiva y laica.
La privada, por su parte, ofrece la pequeña ventaja de que, además de estudiar, hay que pagar por hacerlo. A cambio, permite elegir entre distintas formas de aprender, siempre que alcance el presupuesto para lograrlo.
Al final, hasta la educación puede terminar siendo una cuestión calificable: hay escuelas de 10, escuelas que pasan de panzazo y escuelas que, por razones presupuestales, prefieren ocultar la boleta.
La educación pública, mientras tanto, sigue encargándose de educar al universo que le corresponde, con los recursos que aparezcan y los profesores que tengan disposición para estar frente al grupo. Porque el derecho innegablemente es universal, pero los presupuestos suelen tener la mala costumbre de ser cosa bastante más terrenal.
En todo caso, entender lo que se lee se va aprendiendo de a poquito, gracias a que se aprende comprensión lectora. Toda persona tiene derecho a la educación. Eso es clarísimo. Lo complicado viene después: encontrar quién se encargue de que esa primera frase deje de ser la parte mejor educada del artículo tercero. Porque a veces los textos desde la primera frase se entienden, pero a veces no.
COLUMNA: EL SUEÑO DE LA RAZÓN
AUTOR: Israel Álvarez
CABEZA: Maleducados