ZACATECAS. Los despojos inmobiliarios representan un problema de múltiples aristas que no puede atribuirse únicamente a la actuación de los notarios, debido a que en algunos casos intervienen resoluciones judiciales, autoridades, contratos privados, registros públicos y posibles actos de suplantación de identidad, afirmó Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
Ante los casos en los que algunos notarios han sido relacionados con operaciones inmobiliarias cuestionadas, afirmó que es necesario revisar el origen de cada procedimiento para determinar las responsabilidades de quienes intervienen en la cadena de actos jurídicos.
“Hay que entender varias cosas, el tema de los despojos y los fraudes inmobiliarios tiene muchas aristas, no son personas que actúan solas y muchas veces al notario se le puede relacionar, pero él no es el generador o la persona que lo ideó”, explicó.
Como ejemplo, detalló que puede existir un procedimiento judicial iniciado a partir de un pagaré presuntamente falso, mediante el cual una persona pierde un juicio, se embarga y posteriormente se remata un inmueble. Una vez que existe una orden de autoridad, el notario puede intervenir para formalizar jurídicamente el acto.
“Si se lleva a un juicio en el que se llevó con un pagaré falso y el juez dictaminó que la persona pierde el bien, derivado de que con ese pagaré falso se pierde el juicio, se embarga el bien, se remata el bien y luego se manda al notario para que haga la escritura, ¿dónde está la falla del notario?”, cuestionó.
Alertas inmobiliarias
Ante este tipo de situaciones, Vargas Navarro consideró necesario fortalecer las herramientas de prevención, entre ellas las alertas inmobiliarias en los registros públicos de la propiedad, mecanismo que, dijo, en Zacatecas no está habilitado.
Explicó que estos mecanismos permitirían que los propietarios reciban avisos mediante mensajes de texto, correo electrónico u otras plataformas cuando se registre algún movimiento relacionado con sus inmuebles.
El presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano también señaló que uno de los factores que complican la certeza jurídica son los inmuebles cuya situación registral no se encuentra regularizada.
Indicó que existen casos de personas que cuentan únicamente con contratos privados o documentos informales como respaldo de la posesión de un inmueble, mientras que en el Registro Público continúa apareciendo como propietario otra persona.
En este sentido, recordó que la legislación establece requisitos para transmitir formalmente la propiedad de un inmueble, entre ellos la escritura pública, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la inscripción correspondiente en el Registro Público.
Por ello, Ricardo Vargas llamó a quienes enfrentan este tipo de situaciones a acercarse a las notarías para recibir asesoría y buscar la regularización de sus propiedades.
Agregó que también debe investigarse la posible participación de autoridades o de organizaciones que intervienen en algunos casos de despojo, aunque insistió en que para determinar responsabilidades es necesario conocer el origen de cada operación y reconstruir la cadena de actos que llevó a la pérdida o transmisión de un inmueble.
Otro de los problemas identificados es la suplantación de identidad. Ante ello, Vargas Navarro informó que el notariado nacional impulsa el uso de herramientas biométricas, incluido el reconocimiento facial, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad durante los trámites.
“Lo que estamos buscando nosotros del Notariado Nacional, para evitar todo tema de suplantaciones y demás, es que tengamos biométricos, igual que la banca, y estamos impulsando el biométrico facial, para que de alguna manera tengamos mayores estándares de seguridad”, explicó.
El representante nacional del notariado insistió en que los casos de despojo deben analizarse de manera individual, debido a que pueden tener orígenes distintos y requerir la intervención de diversas autoridades.
Asimismo, refirió que cuando un notario actúa de manera indebida y premeditada, debe enfrentar las sanciones correspondientes, mientras que en aquellos casos en los que participa como parte de una cadena de actos derivados de una resolución de autoridad, es necesario determinar primero el alcance de su responsabilidad.
Vargas Navarro llamó a la población a adoptar medidas preventivas para proteger sus bienes y mantenerse atenta a cualquier movimiento registral relacionado con sus propiedades, además de recurrir a las autoridades correspondientes cuando detecten una operación que no hayan autorizado.