CIUDAD DE MÉXICO. “México debe recordar que el derecho a saber no es una función burocrática ni depende de la voluntad de una autoridad, sino un derecho que requiere instituciones capaces de garantizarlo frente al poder”, afirmó Julieta del Río Venegas, excomisionada del INAI, en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información.
Agregó que, desde su perspectiva, el acceso a la información en México está en coma. “Y un derecho en coma no necesita homenajes: necesita que lo despierten”, afirmó.
Explicó que México construyó este derecho durante décadas, pero hoy enfrenta un escenario de retroceso. Recordó que está reconocido constitucionalmente desde 1977 y que, a partir de la transición democrática del año 2000, periodistas, académicos y especialistas impulsaron, entre otros esfuerzos, la construcción de un marco normativo que permitiera hacerlo efectivo.
El objetivo, señaló, era transformar la relación entre ciudadanía y gobierno: que la información pública dejara de entenderse como propiedad de la autoridad y se reconociera como un bien público al que las personas pudieran acceder.
A partir de entonces, México construyó durante más de dos décadas un sistema de transparencia con un órgano garante nacional, organismos locales, leyes especializadas y mecanismos de coordinación institucional.
“Lo que se construyó durante décadas no fue solamente una estructura administrativa. Fue un sistema para que el ciudadano pudiera preguntar y para que la autoridad tuviera la obligación de responder”, señaló.
Del Río Venegas subrayó que ese proceso también puede medirse en cifras. Entre diciembre de 2003 y el 5 de marzo de 2025 fueron resueltos más de 350 mil recursos de revisión. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia se recibieron 10 millones 387 mil 942 solicitudes: 9 millones 554 mil 444 correspondieron a información pública y 833 mil 048 a datos personales.
En el contexto actual, advirtió que el derecho de acceso a la información enfrenta desafíos que van más allá de la desaparición de una institución.
Uno de ellos es combatir la desinformación. “Estamos llenos de contenidos, información falsa y mensajes sin sustento. El acceso a información pública verificable es indispensable para distinguir entre hechos, opiniones y desinformación”, explicó.
También señaló que deben garantizarse condiciones para el ejercicio del periodismo, pues la violencia contra periodistas constituye un obstáculo para que investigaciones y hechos de interés público lleguen a la sociedad.
“Hoy se ha judicializado el derecho a saber. ¿Qué tan accesible es un derecho cuando, para defenderlo, el ciudadano necesita acudir a un proceso judicial?”, enfatizó.
Otro reto, dijo, es evitar que la “seguridad nacional” se convierta en una fórmula para ocultar información pública.
“Seguridad nacional no puede convertirse en una palabra mágica para cerrar información. La máxima publicidad debe seguir siendo el punto de partida y las reservas, la excepción que debe justificarse”, sostuvo.
La excomisionada también señaló que, con el modelo anterior, las sesiones y los asuntos resueltos eran públicos y se incorporaban a la plataforma para su consulta.
“Hoy no sabemos quién está detrás de cada resolución, cuáles son los criterios con los que se resuelve ni cómo se explican a la sociedad. Prácticamente no hay un rostro que informe y rinda cuentas sobre los resultados”, afirmó.
Recordó que el sistema anterior permitió atender asuntos de enorme relevancia nacional. Entre los casos emblemáticos mencionó Odebrecht, Segalmex, créditos fiscales, Tren Maya, Tren Interoceánico, Ayotzinapa, San Fernando, Tlatelolco y el socavón del Paso Exprés.
En el caso Ayotzinapa, destacó que el entonces IFAI instruyó a la PGR a permitir el acceso a una versión pública de la averiguación previa relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
“Frente a hechos de enorme gravedad, el derecho a saber también es una herramienta para acercarnos a la verdad”, señaló.
Pero el acceso a la información, explicó, también tuvo una dimensión profundamente ciudadana: madres que necesitaban conocer expedientes médicos de sus hijas fallecidas; familias que requerían información sobre sus padres fallecidos; trabajadores que necesitaban conocer sus semanas cotizadas ante el IMSS, y pacientes que requerían sus expedientes clínicos para obtener una segunda opinión o defender sus derechos.
A ello se sumaba la protección de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
“La transparencia no era solamente una institución; era una herramienta para las personas. Era la posibilidad de que un ciudadano no estuviera solo frente al poder.”
Del Río Venegas señaló que, después de más de un año del cambio de modelo de transparencia y protección de datos personales, el panorama nacional muestra una transición desigual.
Advirtió que la transparencia no debe reducirse a una función administrativa, pues permite conocer cómo se toman decisiones, cómo se ejercen los recursos públicos y cómo actúan quienes tienen responsabilidades frente a la sociedad.
“Podrán haberse quedado en el mismo edificio que tanto criticaron. Pero el derecho a saber nunca estuvo en el edificio. La inteligencia para resolver no estaba en las paredes. La experiencia no estaba en los escritorios. La autonomía no estaba en los elevadores”, afirmó.
Sostuvo que esas capacidades estaban en las personas que integraron las instituciones.
“Un edificio se puede conservar, pero una institución no se construye con paredes. Se construye con derechos, conocimiento, responsabilidad, independencia y personas dispuestas a defender al ciudadano”, añadió.
Ante la conmemoración del 28 de septiembre, consideró que no basta con organizar eventos, paneles o discursos para afirmar que el derecho está garantizado.
“Necesitamos resultados. Necesitamos que las solicitudes se atiendan y se resuelvan. Necesitamos que se retiren las reservas que no tengan una justificación legal suficiente. Necesitamos una Plataforma Nacional de Transparencia operativa, accesible y funcional”, enfatizó.
Finalmente, llamó a que esta fecha sirva no solamente para recordar lo que México construyó en materia de transparencia, sino para exigir que el derecho a saber vuelva a estar plenamente vivo.
“La transparencia no se demuestra con discursos. Se demuestra cuando el ciudadano obtiene respuestas, cuando una autoridad entrega la información que legalmente debe entregar y cuando lo público deja de estar escondido.”
“Es un derecho. Y un derecho en coma necesita que lo despierten. Porque lo público debe poder conocerse y lo que es de todos no puede seguir escondido”, concluyó.