CDMX. A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno federal reportó 168 personas procesadas, 30 detenciones en los últimos dos años y la intervención de más de mil sitios de búsqueda en Guerrero, pero no presentó resultados que permitan establecer el paradero de los estudiantes.
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República (FGR), expusieron avances en el análisis de restos humanos, la investigación de funerarias y el presunto ocultamiento de videos del Palacio de Justicia de Guerrero.
«La desaparición de los 43 estudiantes es una herida abierta para sus familias y para el pueblo de México. A 12 años de los hechos, el compromiso del Gobierno de México es claro: encontrar a los jóvenes conocer la verdad sobre lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables», afirmó Medina.
«No vamos a bajar la guardia, intensificaremos las búsquedas, las investigaciones y profundizaremos en aquellas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos y dar con el paradero de los jóvenes».
De acuerdo con el balance de la Unidad Especial, 130 de las 168 personas sujetas a proceso permanecen en prisión y 38 enfrentan otras medidas cautelares.
La instancia reportó 162 expedientes, integrados por 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales.
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 fueron detenidas 30 personas: nueve ex policías municipales, ocho presuntos integrantes o colaboradores de grupos delictivos, siete ex servidores públicos, dos empresarios y cuatro civiles.
Descartan restos de normalistas
La Fiscalía informó que algunos de los restos humanos recuperados en funerarias y en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala ya fueron analizados y no corresponden a los estudiantes desaparecidos y que cientos de fragmentos aún permanecen bajo estudio.
Medina precisó que los perfiles genéticos obtenidos de algunos indicios no coinciden con los de las familias de los normalistas.
Los demás son revisados con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, a petición de los padres.
La posible utilización de funerarias y hornos crematorios para desaparecer evidencia había sido planteada desde las primeras investigaciones del caso.
Pazarán reconoció que esa línea ya había sido mencionada, pero sostuvo que las diligencias anteriores se limitaron a inspecciones y fotografías.
Detalló que la investigación actual se concentra en las funerarias El Ángel y Rueda, cuyos propietarios también operaban el Semefo de Iguala desde 2010, bajo supervisión estatal.
Según la Unidad Especial, esa condición les permitía intervenir en el manejo de cadáveres y en trámites de defunción, traslado, inhumación y cremación.
El Fiscal informó que el nuevo análisis de comunicaciones detectó llamadas entre el propietario de esos establecimientos, Rodolfo «N», y presuntos integrantes de Guerreros Unidos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
También reportó que Rodolfo «N» utilizó el teléfono de Julio César Mondragón Fuentes, normalista asesinado durante los ataques, el 4 de octubre de ese año.
En un cateo efectuado en octubre de 2025 en la funeraria El Ángel, los investigadores encontraron un fragmento óseo dentro de un cajón, un arma de uso militar, documentación relacionada con una persona investigada y un horno crematorio que, de acuerdo con la Fiscalía, no estaba registrado.
La Unidad Especial aseguró certificados de defunción y autorizaciones de traslado e inhumación con sellos y firmas oficiales, pero sin los datos de las personas a las que supuestamente corresponderían.
En otra diligencia, realizada el 8 de diciembre de 2025 en el Semefo, fueron localizados restos humanos sin registro, expedientes duplicados, indicios con referencias a 2014, fragmentos óseos quemados y piezas dentales ocultos en un colchón.
Medina aclaró que los hallazgos no se reducen a un hueso encontrado en un cajón o a una bolsa rotulada con el año 2014, sino que comprenden cientos de fragmentos cuya procedencia e identidad deben establecer los peritos.
Pazarán informó que restos enterrados detrás del Semefo de Iguala coinciden genéticamente con un fragmento recuperado el 17 de diciembre de 2021 en una fosa clandestina de Taxco, a 123 kilómetros de distancia.
El subsecretario precisó que ese perfil tampoco corresponde a los normalistas y expuso que debe investigarse por qué partes de una misma persona fueron localizadas en dos municipios distintos.
La investigación derivó en la vinculación a proceso de siete personas: cuatro integrantes de la familia relacionada con las funerarias y tres ex servidores públicos vinculados con el servicio forense y las instalaciones municipales.
La Fiscalía mantiene como hipótesis que esos establecimientos pudieron utilizarse para desaparecer evidencia, a partir de testimonios, registros telefónicos e irregularidades documentales, pero no informó que se haya acreditado el traslado o la cremación de los estudiantes en esas instalaciones.
Además, el Gobierno mantiene abierta la investigación sobre las grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia de Guerrero, orientadas hacia uno de los puntos donde desaparecieron algunos normalistas.
La ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal y una ex visitadora, detenidas y sujetas a proceso, aportaron declaraciones sobre una presunta orden para destruir las grabaciones y otros materiales.
Por esta línea también fue detenido Ángel «N», vinculado a proceso en agosto pasado. Medina señaló que las autoridades continuarán investigando el destino de los videos y la posible participación de otros funcionarios de aquella época.
Intervienen más de mil sitios
De octubre de 2024 a septiembre de 2026, las autoridades intervinieron mil 28 sitios distribuidos en 36 lugares de seis municipios de Guerrero: Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Iguala, Taxco y Tepecoacuilco.
Medina detalló que los operativos incluyen peritos, arqueólogos, antropólogos, criminalistas, biólogos, agentes ministeriales y personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, además de maquinaria, georradares, drones y binomios caninos, según las características del terreno.
El subsecretario aseguró que un representante de las madres y padres participa de manera permanente en las diligencias y recibe información sobre los motivos, la metodología y los resultados de cada intervención.
También reportó la colaboración de un antiguo vigilante de Guerreros Unidos que tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos. Fue detenido en abril de 2026 y comenzó a aportar información en julio para orientar nuevas búsquedas.
Además, Medina informó que el Gobierno mantiene gestiones para obtener la comparecencia de José Ulises «N», localizado en Estados Unidos, así como la extradición de Abraham «N», solicitada desde 2023.
En el caso de Tomás «N», requerido por delitos relacionados con tortura, desaparición forzada y actuación ilícita de servidores públicos, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum dirigió una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, en mayo de 2025.
Herzog respondió un mes después que el procedimiento corresponde a un sistema judicial independiente y que existen actuaciones legales en curso. La Unidad Especial reportó 22 teleconferencias, tres videoconferencias, 60 comunicaciones y la traducción de unas 6 mil páginas para sustentar la solicitud.
El subsecretario anunció una ruta de colaboración con la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para incorporar expertos independientes que acompañen técnicamente la investigación, en respuesta a una petición de las familias.
Desde el inicio de la Administración, Sheinbaum se ha reunido ocho veces con las madres y padres de los normalistas. Medina reportó otras 12 reuniones de seguimiento y atención directa a 35 núcleos familiares en 16 puntos de Guerrero y Morelos.