Participación ciudadana contra la extorsión
La extorsión representa una de las conductas delictivas más nocivas para la paz social, pues atenta directamente contra la serenidad emocional y el fruto de años de trabajo honesto de nuestra comunidad. Frente a este reto, la institución reafirma su deber constitucional de visibilizar de manera clara y transparente las distintas modalidades en que se presenta este ilícito, fundamentar las acciones institucionales en el marco legal vigente y, primordialmente, dotar a la ciudadanía de las herramientas de prevención y los canales de atención necesarios para enfrentarlo con firmeza y determinación.
En este sentido, y en estricta consonancia con la Estrategia Nacional Contra la Extorsión impulsada por el gobierno federal a partir de julio de 2025, el proceder de esta Fiscalía General y de sus homólogas en todo el territorio nacional se encuentra articulado bajo los preceptos de la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Este marco normativo homologa los criterios jurídicos de investigación, fortalece las capacidades operativas de los órganos procuradores de justicia y aplica sanciones severas a quienes atentan contra la tranquilidad colectiva. Con base en dicho ordenamiento, el delito de extorsión se configura plenamente cuando un individuo obliga a otro —mediante la coacción, intimidación psicológica o el uso explícito de la violencia— a entregar dinero, ceder bienes o llevar a cabo una conducta determinada en contra de su voluntad, con el objetivo de obtener un lucro o beneficio indebido.
Para combatir eficazmente esta conducta delictiva es indispensable reconocer las vías mediante las cuales los generadores de violencia intentan vulnerar a la población. Quienes cometen extorsión suelen valerse de engaños bien estructurados, herramientas tecnológicas y manipulación emocional para desestabilizar temporalmente a las víctimas.
Entre sus manifestaciones más comunes se encuentra la extorsión telefónica, ejecutada mediante llamadas sorpresivas donde se arguyen falsos premios, amenazas directas o la suplantación de identidades institucionales; el secuestro virtual, estrategia basada en incomunicar a una persona a través del engaño para exigir de forma inmediata un rescate a sus familiares; la ciber extorsión a través de plataformas digitales y redes sociales, consistente en la utilización indebida de datos personales e imágenes para ejercer chantaje; y el cobro de piso o chantaje comercial, enfocado en exigir contraprestaciones ilícitas a propietarios de establecimientos a cambio de permitirles operar.
Ante este panorama, la participación ciudadana se consolida como la primera y más efectiva línea de defensa. La adopción de hábitos de autocuidado en los entornos personal y familiar reduce drásticamente las oportunidades de engaño. En el ámbito digital, resulta fundamental mantener perfiles restringidos en redes sociales, evitar la divulgación de rutinas, datos patrimoniales o información sensible, e identificar y bloquear oportunamente perfiles sospechosos.
Asimismo, en el ámbito telefónico, la recomendación principal consiste en evitar contestar llamadas provenientes de números no registrados; en caso de responder y percibir cualquier tono amenazante, se debe mantener la calma, evitar proporcionar nombres o datos familiares de manera apresurada, colgar de inmediato y verificar por vías directas el estado de salud y localización del ser querido supuestamente afectado, antes de realizar cualquier tipo de pago o transferencia económica.
Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reitera a la población que no se encuentra sola frente a este delito. La institución cuenta con personal altamente especializado en el manejo de crisis, acompañamiento psicológico y unidades de investigación preparadas para intervenir con absoluta reserva, oportunidad y eficacia.
La denuncia ciudadana es la herramienta jurídica fundamental para desactivar estas estructuras operativas y garantizar el imperio de la ley. Ante cualquier situación de riesgo o llamada sospechosa, la ciudadanía puede comunicarse de manera inmediata a la línea de emergencia 911 o al número de denuncia anónima 089, o bien acudir directamente a las oficinas de esta Fiscalía, donde su caso será atendido con la máxima confidencialidad, rigor técnico y compromiso institucional.
*Columna colectiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)
**Fiscal Especializado en Combate al Secuestro, Extorsión y Delitos de Alto Impacto