GUADALUPE. El ex presidente Roberto Luévano Ruiz afirmó que es falso, y que carece de sustento documental, la supuesta escrituración irregular de un área de donación realizada en el año 2015, durante su administración; esto, ante la información difundida por el Ayuntamiento de Guadalupe, en la que se acusa al ex primer edil de entregar el área de donación de la privada Las Águilas a un particular.
A través de un comunicado, Luévano Ruiz explicó que los documentos oficiales demuestran que la autorización para enajenar el inmueble no se originó en 2015, sino desde el año 2008, cuando la LIX Legislatura del Estado de Zacatecas aprobó el Decreto No. 113, publicado en el Periódico Oficial el 9 de agosto de 2008.
Es decir, la decisión de autorizar la donación y la enajenación del predio fue tomada por el Poder Legislativo siete años antes, por lo que no fue una determinación de su administración. Dicho decreto autorizó expresamente al Ayuntamiento de Guadalupe a enajenar, bajo la modalidad de permuta, el bien inmueble a favor del particular referido, varios años antes de que Roberto Luévano asumiera la presidencia municipal.
En el boletín explican que, en consecuencia:
- La autorización legal para disponer del inmueble fue otorgada por la Legislatura del Estado en 2008, no en 2015.
- Roberto Luévano no autorizó ni decidió la donación o permuta del predio, ya que esa determinación había sido aprobada previamente por el Congreso del Estado.
- Lo que correspondió a su administración fue únicamente protocolizar y formalizar jurídicamente una decisión previamente autorizada por el Poder Legislativo, en cumplimiento del procedimiento legal aplicable.
- Cualquier acto administrativo posterior derivó de un procedimiento previamente autorizado por el Congreso del Estado y no de una decisión unilateral del entonces presidente municipal.
«Lamentablemente, el comunicado oficial difundido por el ayuntamiento omite este antecedente jurídico fundamental y genera una narrativa que induce a la ciudadanía a concluir, equivocadamente, que la operación nació durante la administración 2013-2016, cuando la realidad documental demuestra que su origen legal se encuentra en un decreto aprobado desde 2008», expuso.
Agregó que es importante distinguir entre la fecha de una escritura y la fecha en que fue autorizada legalmente la enajenación del inmueble, pues son actos jurídicos distintos. «La escritura no crea el derecho ni autoriza la donación; únicamente protocoliza y formaliza una autorización previamente otorgada por la Legislatura del Estado, años antes de la administración de Roberto Luévano», explicó.
“Por respeto a la ciudadanía, este tipo de asuntos deben informarse con apego a los documentos oficiales y al contexto jurídico completo, evitando afirmaciones que puedan confundir a la opinión pública o atribuir responsabilidades que no corresponden”, aseveró Luévano Ruiz.
En el comunicado se detalló que «los documentos anexos constituyen prueba documental suficiente de que la autorización legislativa fue emitida en 2008, por lo que resulta incorrecto afirmar que Roberto Luévano ‘escrituró’ o dispuso discrecionalmente de un área de donación en 2015. La protocolización realizada durante su administración obedeció al cumplimiento de una autorización emitida años antes por el Congreso del Estado, no a una decisión propia».
Para concluir, se destacó que «la transparencia exige informar con verdad, presentar todos los antecedentes legales y permitir que la ciudadanía conozca los hechos completos, no versiones parciales».